Desplome de los contratos de formación en Granada tras el fin de la 'barra libre'

Las sucesivas reformas del mercado laboral impulsadas por aquel Ejecutivo abrieron una 'barra libre' para los contratos de formación, redujeron sus requisitos y ampliaron las bonificaciones para los empresarios. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron las primeras advertencias de que este tipo de contratación estaba sirviendo para precarizar el empleo que se creaba.

Los datos permiten ahora, después de que ese grifo se cerrara y la situación económica se haya estabilizado un poco en los dos últimos años, comprobar que aquella sensación tenía, al menos, una parte importante de verdad. En cuanto la barra libre para empleadores se limitó, este tipo de contratos cayó más de un 70% en un año en la provincia de Granada, según los datos recabados.

De acuerdo con las cifras que recoge y publica sobre la materia el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), antiguo INEM, esta modalidad de acuerdo laboral tocó techo en 2015, cuando se firmaron 6.803 de ellos, alrededor de una veintena cada día. El dato se había disparado en sólo cuatro años, cuando se aprobaron las primeras reformas para flexibilizarlo. En ese período de tiempo se triplicó el número de contratos de formación; el incremento fue del 250%.

Ante las sucesivas denuncias sobre las deficiencias que las reformas habían provocado, el Gobierno anunció que el 1 de enero de 2016 las facilidades que había dado hasta el momento se quedaban sin efecto. Al año siguiente, el dato bajó hasta los 1.616; una caída del 76% en apenas doce meses. La particularidad del contrato de formación con respecto al de prácticas, muy similar en su objetivo aunque con características y limitaciones distintas, se puede ver si se comparan los datos de evolución de ambos tipos de contratos.

Mientras el de prácticas siguió una tendencia acorde al ciclo económico, con variaciones no tan pronunciadas ligadas a la situación del país, el de formación se convertía en una montaña rusa dependiente de las administraciones. Pablo Mario Murcia, técnico y gerente de uno de los centros de formación de referencia en la capital granadina, explica sin ambages el motivo de estos vaivenes. «Hasta que en 2016 entra la normativa que está todavía vigente, la verdad es que la formación no se hacía bien; era una cosa muy 'light', y algunos alumnos ni siquiera llegaban a realizarla, así que en muchos casos ni siquiera se ofrecía una cualificación acreditada».

Que estas tareas se realicen es uno de los requisitos imprescindibles de esta modalidad de contratación, creada para capacitar para el trabajo a personas que no tuviesen estudios específicos; para quienes ya poseen esos conocimientos existe el contrato de prácticas.

Estos problemas, explica, vienen de una disposición adicional que modificó la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, como parte de la introducción de lo que en aquel momento el Gobierno llamaba formación dual.

En la práctica, esto supuso la reducción de los requisitos exigidos a empresas y trabajadores; por ejemplo, se permitió la teleformación en todos los caos y el encadenamiento de este tipo de contratos para realizar diferentes ocupaciones en la misma empresa; además, el contenido formativo se redujo y se ampliaron las bonificaciones para los empleadores.

A raíz de su puesta en marcha, no tardaron en aparecer las primeras denuncias por parte de las organizaciones sindicales de que esta reforma había servido para iniciar un proceso de devaluación interna encubierta a través de la precarización. Rafael León, de la sección de Juventud de Comisiones Obreras, explica que en 2015 se puso en marcha además una campaña de denuncias ante la Inspección de Trabajo de lugares en los que no se cumplían los requisitos legales para esta contratación, que considera que se reformó porque «había que maquillar los datos del paro».

Aquel mismo año, ante una situación que se complicaba y unos indicadores económicos que empezaban a remontar –o a dejar de caer– el Gobierno ya avisó a empresas y centros de formación de que la disposición adicional no sería renovada. El resultado: una vez que usarlo se volvió «mucho menos atractivo» para el empresario, como reconoce Pablo Mario Murcia, el número de acuerdos firmados en la provincia cayó un 76% en un año.

La situación ha recuperado cierta normalidad desde entonces. «Ahora las acreditaciones que expiden los centros de formación están incluso homologadas a nivel europeo», asegura Pablo Mario Murcia. Rafael León, por su parte, asegura que, aunque el uso se ha limitado, siguen existiendo casos de abuso. El contrato de formación «debe existir para cualificar a trabajadores, pero tendría que estar más vigilado; además, no se debería permitir que un trabajador firmara más de uno en la misma empresa», opina el especialista.