El Ayuntamiento reduce en 34 millones su deuda con los bancos

Baldomero Oliver, concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, considera positivos los datos que sacó a la luz el Ministerio de Hacienda, aunque los enmarca dentro de un «mandato legal» que obliga a su departamento a priorizar el trabajo económico en estar al día con los bancos por encima de los demás. Los pequeños y medianos proveedores del Consistorio son los principales damnificados por esta decisión, que Oliver considera que ha sido un «negocio redondo» para las entidades financieras.

En los doce meses de 2017, la deuda viva del Consistorio de la capital se redujo en casi 34 millones de euros. Casi el doble que en el año anterior, cuando fueron 17,6 millones; un 91% más. En el mismo período de tiempo, el tiempo que la Plaza del Carmen tarda en pagar a sus proveedores aumentó un 52%, pasando de 87 a 132 días. Dos historias que, explica el concejal de Economía, son una sola. «La obligación legal de que todos los esfuerzos estén dedicados a afrontar la deuda financiera provoca que a veces tengamos que dejar otras prioridades de lado», resume Oliver. Lo explica con ejemplos: «Cada año tengo que desviar 25 millones de euros que deberían ir a pagar a proveedores a hacer frente a esos pagos. Cuando el año pasado quisimos pagar lo que restaba de la paga extraordinaria de 2012 a los trabajadores municipales, lo único que me dijo el interventor es que primero sacase el dinero para hacer frente a las amortizaciones».

La buena noticia, asegura, es que comienza a verse una cierta luz al final de túnel para la losa de la deuda del Ayuntamiento de Granada, que supera los 300 millones de euros. Parte de esta suma procede de los alrededor de 150 millones que la alcaldía de entonces pidió en 2012 para hacer frente a los planes de ajuste impulsados por el Gobierno central. A cambio de este préstamo, una cláusula: priorizar su devolución. Y con intereses, que no eran precisamente bajos, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés europeos en aquellos momentos llegaron a estar por debajo de cero –es decir, que el BCE 'regalaba' dinero para que circulase–. En algunos casos superaban el 5%.

Entre los objetivos del plan de ajuste estaba dejar la deuda financiera del Ayuntamiento por debajo de los 195 millones para finales de 2015. No sólo no se cumplió aquel año: todavía no se ha conseguido.

La deuda viva está ahora en 205 millones, más cerca que nunca de aquel límite, aunque tres años más tarde y con un cambio de Gobierno local de por medio. Baldomero Oliver confía en que esa meta se cruce a finales de este mismo año. Un hito que permitirá afrontar los muchos retos a los que todavía se enfrenta la maltrecha economía de la capital, pero con una herramienta útil: la posibilidad de volver a obtener financiación a largo plazo.

Poder volver a obtener financiación a largo plazo será «un balón de oxígeno», aseguran desde la concejalía de Economía del Ayuntamiento de Granada, pero las aguas no dejarán de ser revueltas, asegura Oliver, hasta que se consiga aprobar una reestructuración de la deuda de la entidad local que muchos consistorios vienen reclamando en los últimos años tras haberse apretado el cinturón durante los años de la crisis.

Con este objetivo, representantes del área económica local se reunieron hace unos días con miembros de la Consejería de Hacienda de la Junta. Las competencias para decidir sobre esa materia no están en manos de las comunidades autónomas, sino del Estado, y el Gobierno central se encuentra estos días enfrascado en la renegociación del techo de endeudamiento público y los retoques a la financiación de las autonomías. Sin embargo, Oliver se muestra confiado en que encontrará complicidad en el Ejecutivo. De momento, tiene el apoyo de la Junta de Andalucía. «El planteamiento les pareció bien, fueron receptivos», asegura el concejal. El objetivo ahora es que la reestructuración permita que, tomando los 25 millones del ejemplo, sólo 10 sean para afrontar deuda financiera por la refinanciación, «y que los 15 restantes se puedan dedicar a pagar a proveedores». Todo para conseguir normalizar «con mayor celeridad» la situación económica del Ayuntamiento.