Las televisiones y radios españolas demandan a Meta por competencia desleal

Los denunciantes son el conjunto de televisiones y compañías publicitarias de Atresmedia (Antena3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Trece, todas integrantes de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), y los grupos radiofónicos encabezados por la Cadena Ser, COPE, Onda Cero y RAC1, pertenecientes a la Asociación Española de Radio Comercial (AERC).

La demanda señala que Meta ha protagonizado un «incumplimiento continuado» del Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD), al menos entre el 25 de mayo de 2018 (la fecha de su entrada en vigor) y el 31 de octubre de 2023, y también de las resoluciones dictadas por las autoridades europeas competentes. Entienden que la compañía norteamericana, con este incumplimiento de las normas, obtuvo una «ventaja competitiva ilícita» respecto a los demandantes en el mercado de la publicidad 'online' segmentada y personalizada.

Las grandes televisiones y radios españolas, con el inicio de esta acción judicial, se suman a la demanda y a la reclamación interpuestas en diciembre de 2023 contra Meta por los principales medios de prensa españoles, agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI).

La demanda explica que, como consecuencia del masivo incumplimiento de la normativa y de las diferentes resoluciones de las autoridades europeas sobre la materia, Meta ha adquirido «antijurídicamente» una ventaja competitiva «injusta» que le ha permitido elevar su cuota de mercado en una modalidad publicitaria clave en el ecosistema publicitario 'online'. Tan es así, añaden, que «si, como obliga la normativa europea de protección de datos desde el 25 de mayo de 2018, Instagram y Facebook hubieran recabado el consentimiento previo de los ciudadanos para su perfilado publicitario, su base de datos y su correspondiente capacidad de ofrecer una publicidad personalizada y segmentada se habría visto notablemente reducida».

Por todo lo anterior, la demanda fija el daño económico infligido por Meta a las empresas de audiovisuales denunciantes (a fecha de la interposición de la denuncia) en más de 160 millones de euros. Se trata del valor correspondiente a la cantidad no ingresada por los demandantes debido a la «actuación ilícita» desarrollada por la empresa estadounidense.

Los demandantes concluyen aclarando que se reservan la posibilidad de extender el periodo objeto de la demanda una vez las autoridades europeas de protección de datos confirmen si Meta, tal y como anunció, está recabando el consentimiento de los usuarios de forma lícita desde noviembre de 2023.