La OCU denuncia prácticas abusivas en siete festivales

Estas denuncias se suman a las ya presentadas contra certámenes como el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca). Los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes, según las cuentas de la OCU.

Los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo que quedara en la tarjeta 'cashless', un medio de pago obligatorio que según la OCU «limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo». «A veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución (5 días en el FIB), superado el cual se pierde el dinero y permite un enriquecimiento injusto del promotor», denuncia la organización de consumidores.

El cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival es otra mala práctica bastante común que, según la OCU, «no responde a ningún servicio adicional, pues el control de aforo es inherente a la organización del evento» y que «podría considerarse una retención ilegal». Se observa en el FIB, el Fortaleza Sound, el Puro Latino, el Zevra Festival y el Monegros Desert Festival y puede tener un coste de hasta 25 euros.

La OCU considera «abusiva», otra práctica frecuente en estos eventos, la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que, «si bien se contempla en la normativa de varias autonomías, cuando la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria». Es lo habitual en el Bilbao BBK Live, el FIB, el Fortaleza Sound y el Monegros Desert Festival.

También se juzga «abusivo» el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB (a 2,5 euros el vaso), o el alquiler de vasos para beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. Recuerda la OCU que «debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita» que su ausencia «puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones».

La OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos a que impongan las sanciones establecidas y obliguen a las empresas a devolver los cargos cobrados indebidamente». «Lo ideal -recuerdan- sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas».

Lamenta que salvo en el caso de Asturias, «la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales». La OCU anima a los afectados a solicitar las hojas de reclamaciones y si la organización no las facilita a llamar a la policía local para que se persone.

Recuerda que algunas acciones, como la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del aficionado como el transporte y el alojamiento.