Los municipios andaluces tendrán que crear programas contra el cambio climático

Esta Ley incidirá en todas las políticas sectoriales de la Junta de Andalucía y ayuntamientos, sentando las bases para la aplicación de un modelo de planificación integrada a largo plazo, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ello en coherencia con el contenido del Acuerdo de París de Naciones Unidas que marca para el calentamiento global un límite por debajo de los dos grados centígrados respecto a la era preindustrial. En este sentido, la norma que se ha votado hoy supone la plena incorporación de Andalucía a este objetivo y el reconocimiento de sus obligaciones éticas en el marco de «una responsabilidad común, pero diferenciada», según el conocido lema de Naciones Unidas.

La nueva Ley, que ha contado en su elaboración con una gran participación social, supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas «emisiones difusas», que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para estas emisiones, que suponen un 55 % de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducción de un 18% en 2030 respecto al nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

La ley, que se convertirá en un eje fundamental y transversal de las políticas de la Administración autonómica, establece también cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa (agrario, transporte, edificación y vivienda,...). Estas cuotas, denominadas 'presupuestos de carbono' serán revisadas por el Consejo de Gobierno de la Junta en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de la normativa europea o estatal, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.

El texto aprobado por el Parlamento andaluz regula la elaboración de un instrumento de planificación general en materia de cambio climático y energía, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, con vigencia indefinida y que marcará los objetivos y las medidas de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales, favoreciendo las sinergias entre las actuaciones del sector público y las del sector privado. Este documento tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, formada por todas las consejerías con responsabilidad en las áreas estratégicas de mitigación y adaptación. El Plan de Acción por el Clima incluirá tres Programas: el de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, el de Adaptación y el de Comunicación y Participación.

A su vez, todos los municipios andaluces deberán elaborar, en el marco de sus competencias, Programas Municipales contra el Cambio Climático que recaerán sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de emisiones y de adaptación establecidas en la Ley.

La nueva norma apuesta por un modelo energético basado en las energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética, fijando como objetivo propio a 2030 para la Comunidad Autónoma aportar con energías renovables al menos el 35% del consumo final bruto de energía. De esta manera, Andalucía asume un objetivo para la Comunidad Autónoma más ambicioso que el que aplica a la Unión Europea en su conjunto (30%). Además, en materia de ahorro y eficiencia energética esta Ley fija como objetivo a 2030 para Andalucía una reducción mínima del 30% del consumo tendencial de energía primaria.

Para el cumplimiento de los fines planteados, la Ley establece nuevos instrumentos obligatorios para la Administración Pública y el sector privado, como el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de emisiones.

En el ámbito voluntario se crea el Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, una herramienta que sirve para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se comercializan y que favorecerá la penetración en los mercados.

La nueva norma también contiene otros instrumentos voluntarios para empresas asociados a la Huella de Carbono de Organización, dirigidos a fomentar la transparencia y la compensación de emisiones de CO2 mediante la absorción por sumideros vinculada principalmente a proyectos forestales.

Finalmente, cabe destacar, entre los instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, que se deberán aprobar los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros. Se crea también la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, para incorporar a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica el conocimiento científico generados en los centros de investigación de Andalucía.

Con la aprobación de esta norma Andalucía se convierte de nuevo en un referente nacional en la lucha contra este fenómeno global. No en vano, fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar las causas y efectos de este fenómeno (2002) y la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios y proyecciones sobre la incidencia del cambio climático, que constituyen la base de las medidas de adaptación.