¿Cómo recaudar un trillón de dólares para la lucha climática?

Todo ello se resume en cuatro letras NCQG y la última vez que se estableció esta meta de financiación climática fue en 2009 en la COP15 de Copenhague. Allí los países ricos prometieron movilizar 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020, una promesa incumplida año a año hasta 2022 y el 70% llegó en forma de préstamos. Dos apuntes de los que han tomado nota los países con menos recursos.

La mesa de negociación se divide en varios bloques, donde el más numeroso es el llamado G77+China. Estos piden que se apuntalen los fondos que los países desarrollados han de entregar a los pobres. Luego se encuentra el Grupo Árabe que pide sobre la mesa un mínimo de 441.000 millones de dólares a partir de 2025. Los países africanos piden elevar la cifra y superar el trillón de dólares para 2030, una cifra similar exigida por la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis). Ellos son los que piden y al otro lado de la mesa; los que pagan.

La Unión Europea y Estados Unidos exigen que la base de donantes se amplíe. Hasta la fecha, la hucha climática se ha ido llenando con los millones de los estados señalados en la Declaración de Río de 1992. En el Anexo I, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, la Unión Europea -por aquel entonces Comunidad Económica Europea (CEE)-, Canadá, Rusia y Australia, entre otros, quedaron marcados por ser los países más contaminantes. Este listado fue usado en 2015 para contribuir a la financiación climática. Sin embargo, el tablero geopolítico y económico ha variado mucho desde 1992.

De los 10 primeros países con mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero en 2023, la mitad de ellos no están citados en las páginas consensuadas en Río de Janeiro a principios de los 90 del siglo pasado. Ni China, ni India, ni Indonesia, ni Irán, ni Arabia Saudita quieren cambiar una coma de la base de donantes. «Aportamos a la financiación climática siempre de forma voluntaria», asegura la delegación del gigante asiático.

La base de donantes es una piedra en el camino, la otra -y no menos importante- es el montante final. El primer borrador puesto sobre la mesa por parte de la presidencia de la COP29 ya ha sido rechazado por el G77+China y por Aosis. Su mínimo es de 1,3 trillones de dólares anuales hasta 2030. El texto ofrecido, del que no se conocen muchos detalles, señalan «no refleja con precisión las sugerencias que los países en desarrollo hemos hecho».

Los expertos independientes estiman que la cifra necesaria es de un trillón de dólares anuales, es decir aproximadamente el 1% de la economía mundial.

Desde 2015, las transferencias de millones de dólares a los países pobres se han hecho mediante préstamos. El año pasado, los países de bajos ingresos desembolsaron unos 847.000 millones de dólares sólo en pagos de intereses, cifra muy superior a los fondos que recibieron de los países desarrollados para la financiación climática. El Banco Mundial ha incorporado una cláusula de pausa de la deuda para 10 países pequeños. San Vicente y las Granadinas la invocó después de que un huracán azotara el país este año. Hay presiones sobre el Fondo Monetario Internacional para que amplíe un mecanismo similar.

Además, los países en desarrollo enfrentan hoy un coste creciente y elevado de la deuda externa. El servicio de la deuda pública externa alcanzó los 365.000 millones de dólares en 2022, lo que equivale al 6,3% de los ingresos por exportaciones. Pakistán, por ejemplo, piden que estos flujos de dinero se hagan mediante subvenciones.

Otros estados, muchos del sur de América, apuestan por la posibilidad de aliviar la deuda a cambio de proteger la naturaleza: los bancos de desarrollo respaldan un nuevo préstamo con condiciones más favorables. A cambio, el país se compromete a realizar proyectos de conservación o climáticos, como la restauración de los arrecifes de coral, como hizo Belice recientemente.

Otra vía de negociación explora, directamente, gravar el problema y fijar un precio global al carbono. Una idea con muchos años de existencia y de nulo avance. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas dejó caer una posibilidad en su discurso de apertura el martes. «Los ricos causan el problema, los pobres pagan las consecuencias. El Gobierno de Lula da Silva en Brasil ya ha propuesto un gravamen a los multimillonarios del planeta que, según sus cálculos, podría recaudar hasta 250.000 millones de dólares.

En Dubái, Guterres pidió gravar los beneficios extraordinarios de las empresas productoras de combustibles fósiles. El Fondo Monetario Internacional mira al transporte concretamente y ha respaldado un impuesto al transporte marítimo y a la aviación, ambos sectores contribuyen con alrededor del 3,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Los bancos de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional han estado bajo la lupa de los países más afectados por el calentamiento global. Sus aportaciones también han sido bajo el paraguas de los préstamos.

Muchos países exigen al FMI reutilizar para la financiación climática la fórmula «derechos especiales de giro». Este mecanismo extraordinario se puso en marcha durante la pandemia y permitió a los países más pobres usar ese dinero.Los defensores de esta medida dicen que esas reservas podrían proporcionar al menos 200.000 millones de dólares al año para la resiliencia climática.

En las últimas horas, un grupo de los principales bancos multilaterales de desarrollo del mundo, incluidos el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, anunciaron que colectivamente planean aumentar los préstamos relacionados con el clima a los países pobres y de ingresos medios a 120.000 millones de dólares al año. Por su parte, el Banco Asiático de Desarrollo planea invertir hasta 7.200 millones de dólares adicionales en proyectos relacionados con el clima después de que Estados Unidos y Japón acordaran suscribir algunos de sus préstamos soberanos existentes.