Las 4 claves del acuerdo sellado en la cumbre del clima de Bakú

Durante los 13 días de negociación, el dinero siempre fue el tema principal. El montante salido de Copenhague en 2009 era exiguo, ascendía a 100.000 millones de dólares (casi 96.000 millones de euros al cambio actual), y estaba ya caducado. Esta cantidad tenía que ser alcanzada anualmente y proporcionada a los países menos desarrollados y, por lo tanto, más afectados por el cambio climático.

El texto acordado en aquella COP15 señalaba a un selecto grupo acotado en la Declaración de Río de 1992: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), entre otros. Ellos eran la base de donantes, los encargados de conseguir año a año los 100.000 millones. Un monto que se incumplió sistemáticamente hasta 2022, fecha en la que por primera vez, según datos de la OCDE, se superó esa barrera psicológica.

En Bakú, el objetivo colectivo, también llamado NCQG por sus siglas en inglés, se ha actualizado no sin polémica. Los países del Sur Global -los menos desarrollados- llegaron a mediados de noviembre con la esperanza de alcanzar el billón como meta simbólica. Hasta bien entrada la cumbre, la primera propuesta oficial llegó solo un día antes del cierre oficial de la COP29, no se conoció la actualización de esta factura. 250.000 millones puso sobre la mesa Muhktar Babayev y su equipo.

La actualización del NCQG no contentó a nadie, ni al norte ni al sur. A los primeros porque la base de contribuyentes se mantenía. «Las reglas del juego han cambiado mucho desde 1992», señalaban fuentes de la Comisión Europea presentes en la negociación. El objetivo de Estados Unidos, Reino Unido y Bruselas era incluir en los pagos obligatorios a China, Corea del Sur o los países del Golfo, entre otros.

Al Sur Global también disgustó: «Es un escupitajo en la cara», resumía Juan Carlos Monterrey Gómez, representante de Panamá en la cumbre climática. El malestar fue tan importante que estos países se levantaron de la mesa y abandonaron la sala de negociaciones. «Mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo», repetían.

Finalmente, los países desarrollados elevaron 50.000 millones de dólares su propuesta inicial para alcanzar los 300.000 millones (cerca de 280.000 millones de euros) al año hasta 2035. El texto conmina a los países del Norte Global a «tomar la iniciativa» y «reconoce que este dinero debe ser mayoritariamente público». No obstante, la declaración final reconoce la necesidad de unir la financiación pública con la privada para lograr el objetivo secundario de lograr los 1,3 billones de dólares (casi un billón de euros) pactado.

Es la gran actualización del NCQG, el resto del texto apenas tiene variación con Copenhague 2009. La base de contribuyentes se mantiene sin cambios, aunque la Conferencia de las Partes anima a los países en desarrollo a hacer contribuciones voluntarias «a través de la cooperación Sur-Sur» y el dinero llegará a los países menos adelantados y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo como deseen los países ricos. «Reconocemos la necesidad de dinero público, basado en subvenciones y en condiciones muy favorables» -aclara la declaración-, pero no exige un compromiso.

Actualmente, la movilización de estos miles de millones se realiza en forma de subvenciones y en préstamos. Esta fórmula ha llevado a los países en desarrollo actualmente a pagar más de 300.000 millones de dólares al año sólo en intereses y en muchos de ellos la deuda externa se ha disparado hasta límites insospechados.

En las próximas semanas se cumple un año del hito histórico conseguido en la casi treintena de Conferencia de las Partes de la CMNUCC. En Dubái (Emiratos Árabes Unidos), cuando nadie lo creía, se incluyó en la hoja de ruta de descarbonización de las economías el concepto: transición más allá de los combustibles fósiles. Un término vago, pero que, por primera vez, abría la puerta al fin del petróleo, el carbón y el gas.

Doce meses después, Arabia Saudí, especialmente, y otros países han intentado desde el primer instante hacer caer este Consenso de los EAU de la COP28. Se retrasó la agenda en la sesión de apertura e impidieron cualquier referencia explícita a los combustibles tradicionales. Finalmente, el nuevo texto no menciona explícitamente la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y sólo se refiere a ello en el párrafo 28 del Diálogo de los Emiratos Árabes Unidos. Además, da un impulso a los gases fósiles, denominados «combustibles de transición», y añade que estos «pueden desempeñar un papel en la facilitación de la transición energética, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética».

La verdadera prueba de la ambición de los Gobiernos para reducir los combustibles fósiles será la serie de planes nacionales sobre el clima previstos para 2025.

Y con esta aprobación, casi 10 años después el Acuerdo de París está completo. Año tras año, los países han ido echando balones fuera al aprobar los artículos 6.2 y 6.4 del pacto nacido en la capital francesa en 2015. Dos puntos y un concepto: mercados de carbono.

Unas horas antes de cerrarse el acuerdo sobre financiación se cerró el pacto sobre mercados de carbono, que despeja el camino para que pueda crearse un sistema internacional para comerciar. Con este mecanismo, estados y empresas pueden comprar derechos para seguir emitiendo CO2.

No obstante, todavía deben desarrollarse por completo en 2025 las reglas técnicas. En los últimos años ha estado envuelto en la polémica y en las dudas sobre su efectividad real para la reducción de las emisiones. Los expertos siguen desconfiando del acuerdo, y Carbon Market Watch califica el artículo 6.2 de «peligrosamente laxo y opaco, hecho a la medida de quienes presionan para convertirlo en una barra libre».

Por último, los países acordaron una decisión sobre género y cambio climático, ampliando el Programa de Trabajo de Lima mejorado sobre Género y Cambio Climático por otros 10 años, «reafirmando la importancia de la igualdad de género y avanzando en la integración de la perspectiva de género en toda la convención».

También acordaron desarrollar un nuevo plan de acción de género para su adopción en la COP30, que marcará la dirección de la aplicación concreta.