Quien más contamina paga más: la explicación al nuevo 'tasazo' a la basura

Hasta ahora, sólo alrededor de entre un 30 y 40% del coste de este servicio se cubría con lo recaudado entre la ciudadanía, calcula Carlos Arribas, experto en residuos de la organización Ecologistas en Acción. El gasto total se cubría con otras partidas del presupuesto municipal. Pero la reforma de la Ley de Residuos de 2022 introdujo este nuevo concepto -tasa exclusiva- para que la gestión de la basura de las ciudades fuese sistema independiente de otros conceptos y así, «sostenible», tal y como exige la UE.

Con esto, España cumplía con la directiva europea que cuatro años antes -en 2018- que le obligaba a poner orden en esta cuestión. Ahora, en 2025, acaba la moratoria para adaptarse. ¿El resultado? Una auténtica revolución, y «mucha preocupación», en el seno de numerosos municipios, que están obligados a modificar sus ordenanzas y cambiar sus tributos. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a este diario que la próxima semana hará públicas las medidas tomadas con respecto a la nueva tasa.

El trabajo para adaptarse a esta nueva ley -junto al malestar de tener que adoptar la impopular medida de elevar impuestos- lleva cocinándose meses. Pero el margen se agota, las ordenanzas se han modificado y comienzan a alzarse las primeras voces contra el Gobierno. La más representativa, por ser portavoz de todos los ayuntamientos españoles, ha sido la reacción de la presidenta de la Federación de Municipios, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelay (PP), quien ha calificado la medida de «disparate» y responsabiliza directamente al presidente del Gobierno de que los ciudadanos ahora tengan que pagar más.

Más o menos, dependerá de cada casa. Lo que sí es cierto es que se tiene que pagar diferente. He aquí el cambio que quiere impulsar Europa la modificación de la ley de residuos: pagar diferente en el sentido de que se establezca la forma de introducir el concepto 'quien más contamina paga más'. Es decir, cobrar por generación; no a todos por igual.

Esto es realmente lo que trae de cabeza a los municipios, porque: ¿Hay sistemas masivos y consolidados que controlen cómo tiramos la basura? ¿Si se separa, si se usa el cubo orgánico o solo el del resto? ¿Cómo calcular entonces para poner un pago individualizado? No hay un criterio común ni una directriz dada a nivel nacional, algo que está en el fondo de la protesta formulada por la alcaldesa jerezana.

Así, inmersos en esta tesitura, las estrategias han sido diversas, según el municipio del que se trate. Arribas reconoce que en algunos casos el recibo ya se ha duplicado para adaptarse a la ley. En Benidorm (Alicante), llevan tiempo con el cambio hecho y la tasa ronda los 200 euros. El municipio madrileño de Coslada -sirva como otro ejemplo- ha sido otro de los más reciente en anunciar que la tasa será de 150 euros al año, aunque reducirá el IBI para compensar la carga.

Las estrategias para llegar a los cálculos de proporcionalidad también son diversas, basadas en distintos criterios como el valor del catastro, los metros de la vivienda, etc. «Porque no va a generar la misma cantidad de residuos un jubilado que viva en un piso de 60 metros que el chalé de una gran familia», recuerda Arribas. En total, según ha calculado la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, se tendrán que recaudar unos 4.000 millones con este nuevo tributo exclusivo para sufragar los gastos de la gestión de la basura.

De cualquier modo, el objetivo que subyace es el de impulsar el reciclaje de la basura orgánica y utilizar lo menos posible el contenedor del resto. «Lo que se persigue con la nueva ley es tocar el bolsillo del ciudadano para que se responsabilice, separe más la basura y use lo menos posible el contenedor 'resto', cuya gestión es más costosa, económica y medioambientalmente, que si los residuos llegan a la planta ya clasificados», resume Arribas.

Las campañas de concienciación han demostrado que no es una estrategia válida. No hay contenedores de orgánico en todos los municipios y no en todos se controla de la misma manera que se utilicen de forma óptima. Y he aquí el problema y lo que quiere cambiar la Unión Europea, con el punto de vista medioambiental siempre en el norte.

«Sabemos que, de media, cerca del 90% de lo que va al cubo del resto, es decir mezclado, acaba en el vertedero, con el consiguiente coste medioambiental en emisiones, por ejemplo», recuerda el representante de la citada organización. De este resto mezclado, el 40% es orgánico. «Si estuviese separado, ya se disminuiría mucho lo que acaba en el vertedero y se pagarían menos impuestos como municipio. Todo está relacionado».

Los datos del ministerio corroboran que el 78% de los residuos que se recogen en España son aún mezclados. La gestión de esto «es más costosa», porque debe ser sometido a un tratamiento de separación, que si la basura orgánica ya estuviese separada. De hecho, la fracción orgánica separada sigue llegando de forma muy minoritaria a las plantas de residuos. El objetivo es que el cubo del resto sea utilizado mínimamente. En este caso, el resto de residuos (plásticos, cartón, vidrio) está sufragado por las empresas y otras entidades.

Con estos datos, la concienciación, sin recompensa o penalización, ha demostrado que no es una estrategia válida en España. Ahora bien, ¿vale con imponer un impuesto al vertedero como también se llama? El espíritu es otro: «Estas modificaciones responden a las recomendaciones internacionales en materia de fiscalidad medioambiental y buscan impulsar la economía circular y la aplicación de la jerarquía de residuos», recuerdan desde el despacho de abogados Cuatrecasas en un informe ad hoc sobre la nueva norma.

Para fomentar esta circularidad hay municipios que llevan tiempo haciéndolo bien, en opinión de Ecologistas en Acción. Uno de los ejemplos más claros de este cambio lo están viviendo ahora los vecinos de la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento ha optado por instalar contenedores inteligentes para la basura orgánica, capaces de controlar quién hace uso de ellos. «Cada apertura del contenedor, identificado como propiedad de una vivienda o un comercio previamente identificado, se realiza pasando una tarjeta o con una app móvil. Estas están asociadas con un inmueble y se registran las aportaciones«, explican desde el Ayuntamiento de Alicante.

Con este sistema, el citado onsistorio planea bonificar hasta el 20% de la tasa a quienes lo hagan bien y separen la basura orgánica. En otro municipio alicantino, Alcoy, acaban de anunciar que la nueva tasa será de 126 euros, pero quienes utilicen el cubo orgánico podrán rebajarse hasta 108. Es el espíritu de la modificación legislativa. «Y apelar al bolsillo puede ser lo más eficaz a la larga», concluye Arribas.

Estas rebajas, gracias al control del uso de los contenedores inteligentes- constituye así un adaptación al famoso sistema de recompensa que en otros países europeos funciona y que en España no ha pasado de programas limitados y experimentales, como los pertenecientes al programa Reciclos de Ecoembes con los plásticos. c