El cambio climático amplía la brecha de desigualdad: el papel de la protección social

Aunque el porcentaje de población global con cobertura de protección social ha crecido (ha pasado del 42,5% de 2015 al 52,4% actual), la organización puntualiza que todavía quedan fuera quienes viven en los países más vulnerables al cambio climático. Entre los 20 países más vulnerables, el 91,3% de la población no tiene ningún sistema de protección. La media es más baja si se amplía la horquilla a los 50 países más sensibles, pero sigue siendo elevada con un 75%.

Según sus cálculos, la media de gasto global en protección social es, eliminando del cálculo la sanidad, equivalente el 12,9% del PIB de los países. Sin embargo, caer en picado cuando se analiza qué hacen de forma específica los países con rentas más bajas. Su gasto es del 0,8%.

Y eso es un problema, como advierte la OIT, porque este tipo de herramientas serán todavía más necesarias en el futuro. Además de la diferencia entre países, la OIT advierte de que, en general, los gobiernos están desaprovechando el potencial de estas soluciones «para contrarrestar los efectos de la crisis climática y apoyar una transición justa».

El cambio climático tiene un impacto directo sobre la vulnerabilidad. Ricardo Trujillo, director de Impacto Social y Capital Humano, y Beatriz Laso, Senior Manager y responsable del Área Social de Forética, confirman a dos voces que existe una correlación. «A más vulnerabilidad, más riesgo de impacto», indican. Con esos datos en la mano, la emergencia climática está «acentuando la brecha de desigualdad» y, si no se modifica el rumbo, esta separación irá aumentando de cara al futuro.

Incluso, recuerdan los expertos, algunos informes advierten de que podría crear brechas nuevas, como la de quién puede o no acceder a las tecnologías verdes. Por ello, hablar de transición justa importa.

También lo hace, insiste el informe de la OIT, proteger para que nadie se quede atrás. «El imperativo de hacer universal la protección social no es sólo ético, sino también práctico: apoyando y protegiendo a los trabajadores en todas partes, podemos ayudar a aliviar los temores sobre la transición, lo que es esencial para movilizar el apoyo popular a una transición sostenible y justa», afirmaba en la presentación del informe Gilbert F. Houngbo, director general del organismo.

«El cambio climático es, a mi juicio, un reto ambiental, social y económico», explica Ignacio Zamora Santa Brígida, coordinador del Máster Universitario en Derecho de la Energía de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). «En este contexto, es necesario adoptar un enfoque holístico y ambicioso que aborde, por un lado, la mitigación de las causas y, por otro, la adaptación a sus efectos», indica. Por eso, la acción climática no debería ser solo reducir la huella de carbono, sino también «asegurar que los sectores más vulnerables estén preparados». Este experto trabaja en el terreno del derecho de la energía, un área en el que se ven todos estos debates y las contradicciones entre justicia y descarbonización.

¿Qué papel tienen entonces las administraciones públicas en todo esto, más allá de la protección social de la que habla la OIT? «El rol de las administraciones públicas, tanto como agente distribuidor, como facilitador, será clave en este contexto», responden Trujillo y Laso. Tendrán que asumir un papel protagonista, «especialmente en términos de adaptación, planificación y creación de infraestructuras resilientes al clima», pero también deberán generar políticas sociales que protejan a los más vulnerables o hacer inversión pública. No se trata, por tanto, solo de mitigar emisiones, sino de ver la foto completa. «Las administraciones públicas también deben ser conscientes del papel facilitador a la hora de construir una mayor iniciativa y compromiso del sector privado en este campo», señalan estos expertos.

Las empresas también tendrán un papel en la transición y en hacer un cambio justo, uno en el que ya deberán ir incluso más allá de los mínimos obligados porque de ello depende ya su supervivencia.

Además, esta es una cuestión para todos. Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, recuerda Zamora Santa Brígida, se necesita un trabajo global en el terreno de la transición energética. En la base está el «principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas». «Esta lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos los Estados del mundo, pero, efectivamente, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad», apunta. «No han contaminado de la misma manera en los últimos años o décadas y, por tanto, tampoco todos se han desarrollado al mismo nivel», señala.

Aun así, dar el salto en desarrollo sin pasar por esas etapas intermedias —y contaminantes— es posible. El experto lo ejemplifica con el boom del móvil en África, que llegó sin que antes hubiese una masiva infraestructura de red de telefonía física. De hecho, suma, la transición energética podría llevar la electricidad a zonas que ahora se mantienen sin cobertura, de un modo más fácil y accesible que la infraestructura tradicional.

«Las sociedades deben prepararse para enfrentar los desafíos del cambio climático con un enfoque integral que combine tanto la mitigación como la adaptación, siempre bajo el prisma de una transición justa», sintetizan Trujillo y Laso. Es una cuestión, por tanto, de infraestructura, educación y nuevas habilidades, así como resiliencia económica, empleos verdes, economía circular o protección de los ecosistemas. «Este enfoque colaborativo y holístico asegurará un desarrollo sostenible e inclusivo que no deje a nadie atrás», señalan.