Los ayuntamientos se olvidan de las Zonas de Bajas Emisiones: solo cumplen 23 de 151

«Hoy se acaba la prórroga para adaptar las zonas que ya estaban en vigor a la normativa actual», señala a este periódico Cristian Quílez, responsable de Proyectos del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de Ecodes. «Eran 9 o 10, aproximadamente. Aunque la realidad es que todos los ayuntamientos están incumpliendo la ley desde principios de 2023», advierte.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España hay activas 23 Zonas de Bajas Emisiones. «Y algunas si se analizan son de risa», denunció Miguel Ángel Ceballos, miembro de Ecologistas en Acción, en la presentación del informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2023'. «Zaragoza no multa; en Sevilla solo hay cámaras en la Isla de la Cartuja y en Valencia han decidido solo multar si hay picos de contaminación», explicó Carmen Duce, coordinadora del área de transporte de Ecologistas en Acción, en la misma presentación. «Al final todo es desobediencia», resume Quílez.

Aprobada en 2021, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en los núcleos urbanos. Una tarea pendiente que en 2023 se solventó, pero «hay que recordar que 10 años más tarde que lo que marca la normativa europea», explican los expertos a este periódico. «Esta ley y las famosas zonas no van en contra del coche, la gente se ha quedado con eso, pero es más es cambiar la movilidad de las ciudades y hacerlas más habitables», apunta el portavoz de Ecodes.

En Europa «ya hay muchas ciudades que han aplicado estos cambios y nosotros estamos rezagados», asegura Quílez. Estas medidas ya se han implantado desde hace años en más de 200 ciudades europeas y en algunas como Estocolmo (Suecia), la solución del peaje a los coches más contaminantes ha permitido reducir un 30% el tráfico.

En el caso de España, el ministerio dirigido por Teresa Ribera planteó una serie de directrices para, señalaron, «no solo reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, sino también promover una movilidad más sostenible y mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas».

Entre las recomendaciones del Gobierno a las autoridades locales se encuentran realizar un diagnóstico previo de la movilidad de su municipio, delimitar una zona clara de la zona, una monitorización de los cambios, establecer restricciones al tráfico e implementar incentivos para fomentar el uso de modos de transporte más sostenibles. «Solo nos hemos quedado en las restricciones», denuncia Quílez. Y estas se han hecho con base en los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), las famosas pegatinas que llevan varios años etiquetando a los vehículos en función de su eficiencia energética.

Los más restringidos son los que no tienen etiqueta (también denominados de distintivo A), que son los más antiguos y aquellos considerados como los más contaminantes. Se trata de vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los de diésel anteriores a 2006.

No obstante, las restricciones también se aplican a los que poseen etiquetas B y C. Por otro lado, los vehículos con distintivo ECO y cero emisiones son los menos afectados por estas medidas, dado que se les considera menos contaminantes.

A pesar de la normativa, «las administraciones no se están tomando este tema en serio», denuncian las organizaciones ecologistas. De los 151 consistorios pocos han llegado en tiempo y en forma a los plazos establecidos en la normativa de 2021 y muchos han pedido continuas prórrogas.

El número de ayuntamientos sin Zonas de Bajas Emisiones es aún considerable, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Si a nosotros como ciudadanos si incumplimos nos ponen multas, ¿por qué no a los ayuntamientos? Es cierto que fue un error que no se pusiera un régimen sancionador dentro de la ley», relata Quílez.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio en tres categorías. La primera englobó a ayuntamientos «no habían siquiera iniciado los trámites para declararlas»; y, por otro, con los municipios de más de 300.000 habitantes que, «si bien habían comenzado con la tramitación, en otoño de 2023 todavía no las habían aprobado». En un tercer grupo se incluyó a algunos municipios en los que la implantación de las ZBE se

«había paralizado o revertido». A estos últimos, el Defensor del Pueblo les recordó que las ayudas otorgadas con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implantación de ZBE deberán devolverse si no cumplen con lo comprometido. «Ahora hay prisa porque está en juego dinero europeo, no por los problemas de contaminación», sentencia Quílez.