El tribunal de los ERE dictamina que la reforma de la malversación no es aplicable a ese caso

En dos autos fechados este miércoles, contra los que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el tribunal recuerda que ambos ex altos cargos de la Junta de Andalucía fueron condenados a penas de cárcel e inhabilitación como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Ambos condenados, que están cumpliendo penas de prisión, pidieron la revisión de la sentencia en relación con el delito de malversación, que es el que conlleva la privación de libertad, tras la reforma de ese delito. Los dos alegaron que los hechos recogidos en la sentencia no se pueden subsumir en la redacción del artículo 432 del Código Penal y consideraron una modificación esencial y motivadora de la revisión la sustitución del verbo sustraer por el verbo apropiar.

Ante este argumento, los magistrados de la Sección Primera indicaron en el auto que los hechos recogidos en la sentencia «integran la conducta típica descrita en la vigente redacción del artículo 432 del Código Penal, y vienen referidos a la utilización como propios de fondos públicos apartándose del procedimiento y del destino de los mismos».

El tribunal llega a esta conclusión tras la lectura de los hechos probados y de la fundamentación jurídica y del incumplimiento en la tramitación de las denominadas ayudas sociolaborales «puestas de manifiesto por la Intervención General de la Junta de Andalucía». Así, argumenta, los hechos declarados probados en la sentencia «son subsumibles en el artículo 432 de la reforma del Código Penal y no en el artículo 433» como proponían los condenados

Los magistrados indican que las defensas pretenden la revisión de la sentencia partiendo de la base de que, en los hechos probados que sustentan la condena, se «excluye expresamente el enjuiciamiento de las ayudas individuales, las cuales no han sido objeto de este procedimiento», y agregan que «una cosa es que las ayudas individuales se hayan tramitado en distintas piezas y otra bien distinta es que el procedimiento específico, a través del cual se concedieron, excluya la tipificación en el vigente artículo 432».

Así, el tribunal dice que todos los argumentos de las defensas «no hacen sino una valoración de los fundamentos de la sentencia firme, siendo la única cuestión a resolver si después de la reforma de la ley, los hechos declarados probados son subsumibles en el tipo del actual artículo 432, o como pretende la parte en el artículo 433 vigente, en su modalidad no agravada o subsidiariamente en su modalidad agravada».

Los jueces señalan que tanto en el relato de hechos probados de la sentencia, como en los fundamentos de la misma, se hace constar «de forma clara y terminante el destino de los fondos públicos, que se cuestiona ahora nuevamente». Así, el tribunal recuerda no es esa la finalidad de la revisión de la sentencia, sino si esos hechos probados pueden subsumirse en el actual artículo 432 del Código Penal».

En ese sentido, afirman que los hechos probados «integran la conducta típica prevista en el mismo, es decir, la utilización como propios de los fondos públicos apartándose del procedimiento establecido y el destino de los mismos, alterando y cambiando el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación». La resolución recuerda que se empleó una aplicación presupuestaria de forma fraudulenta permitiendo disponer como propios de fondos públicos para atender compromisos asumidos por la Consejería de Empleo, sin sujeción a procedimiento alguno, sin atender a los requisitos previos para su concesión y sin justificación posterior.

«Y así se desprende del contenido del relato de hechos probados», subrayan los magistrados, que reproducen los mismos en los dos autos y exponen que, en este caso, «los actos de deslealtad fueron también apropiatorios», de forma que en los hechos probados «se contiene todo el procedimiento seguido por los acusados con la distinta participación de los mismos en función de su cargo y destinados a la finalidad perseguida por estos», unos hechos que «no admiten otra interpretación que la recogida en los fundamentos de la sentencia firme».

Las defensas alegan que, para el tribunal, «toda disposición realizada sin el debido procedimiento constituye un acto malversador, aún cuando conste su destino para otros fines públicos», pero el tribunal asevera que «no asiste la razón» a dichas defensas «porque de la sola lectura de los hechos probados de la sentencia se desprende no solo la ausencia de procedimiento y requisitos legales, sino también el destino de los fondos».