El tribunal aplaza a mañana la decisión del ingreso en prisión de cuatro condenados de los ERE
La Fiscalía reclama la entrada en la cárcel a la excúpula de Empleo integrada por Antonio Fernández, José Antonio Viera, Javier Guerrero y Juan Márquez, penados con más de siete años
El tribunal que juzgó la pieza política del 'caso de los ERE', presidido por Juan Antonio Calle Peña, ha aplazado a mañana la decisión del ... ingreso en prisión de cuatro de los condenados, en concreto de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez. Todos ellos formaron parte de la cúpula de la Consejería de Empleo durante los años 2000-2009 en que esta concedió ayudas por importe de 680 millones de euros a empresas que, según la sentencia, se hizo con un procedimiento «palmariamente ilegal». Hay 19 condenados de los 21 juzgados, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este condenado a seis años de cárcel por malversación y el primero a nueve de inhabilitación.
En la vista celebrada esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión de los cuatro excargos de Empleo, con penas superiores a los siete años de cárcel, ante riesgo de fuga. Los abogados de los condenados han reclamado tiempo para entregar nueva documentación al tribunal en defensa de que sigan en libertad hasta que el Tribunal Supremo, ante el que presentarán recurso de casación, se pronuncie. El juez les ha concedido 24 horas, por lo que mañana a las 13.30 los ha vuelto a citar para darles a conocer la decisión de ingresar o no en prisión.
Fernández y Guerrero han sido condenados a 7 años, 11 meses y 1 día de prisión y 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación; mientras que Viera y Márquez han sido condenados por los mismos delitos a 7 años y 1 día de cárcel y 18 años y 1 día de inhabilitación absoluta.
En la vista, de unas tres horas de duración, los fiscales han insistido en el riesgo de fuga de los cuatro condenados para reclamar la entrada en prisión. Han argumentado la gravedad de los hechos condenados, de prevaricación y malversación; el que Guerrero y Márquez tengan una condena anterior por otro caso y el que varios, los mencionados y Antonio Fernández, están inmersos en otros procesos judiciales con peticiones de prisión.
Los letrados han respondido que sus defendidos no cuentan con medios económicos para fugarse y también han argumentado el que hasta ahora todos ellos han comparecido ante los juzgados cada vez que han sido requeridos semanal o quincenalmente, según los casos. Solo sobre Viera y Márquez no había medidas cautelares. «Mi cliente lleva 150 comparecencias y más de 50 en la instrucción de piezas separadas, la última la semana pasada», ha mencionado Alfonso Martínez del Hoyo, el abogado de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, según ha recogido Efe de fuentes en la sesión, ya que esta ha sido a puerta cerrada y sin entrada de los medios de comunicación.
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Este letrado además ha aludido a las decisiones de la sección séptima de la propia Audiencia de Sevilla de rechazar que una persona pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos, según recoge la Constitución, un asunto de gran controversia jurídica en los actores de la macrocausa, fiscales, defensas, acusaciones y jueces instructores. Fernández aparece como investigado en las piezas separadas de la macrocausa de los ERE de Acyco y Surcolor. «No responde a la realidad que Fernández vaya a someterse a juicio en Acyco y Surcolor», ha esgrimido Martínez del Hoyo en alusión al mandato constitucional que, sostiene, los tribunales harán cumplir».«Hay dos decisiones firmes de la Sección Séptima que confirman la exclusión de mi cliente y que dejan sin efecto los autos de procedimiento abreviado», ha añadido el letrado.
Las defensas de Guerrero y Márquez han argumentado que la acumulación de condenas con las del pasado mayo por el caso Umax (a 5 años y 9 meses de cárcel y 5 años y 3 meses, respectivamente) no supone un mayor riesgo de fuga.
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