Tres claves para entender la polémica de la quita de la deuda

Aunque a simple vista parece una cuestión sencilla, la condonación propuesta es una operación de gran complejidad en la que incluso los técnicos exponen diferentes versiones.

La primera clave para entender la posición que ha adoptado la Junta de Andalucía ante esta propuesta es que el Gobierno andaluz considera que la comunidad no tiene a la deuda pública entre sus principales problemas. Según los últimos datos disponibles, la deuda de Andalucía al tercer trimestre de 2024 ascendía a 39.842 millones de euros, lo que la sitúa por debajo de la media en cuanto al porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) -el 19 por ciento frente al 21,3 por ciento del conjunto de comunidades autónomas- y también en cuanto a deuda por habitante (4.618 euros frente a 6.878 euros de media nacional).

En relación al porcentaje de PIB de cada comunidad que supone la deuda de las administraciones autonómicas, las peores cifras las presentan Comunidad Valenciana (40,4%), Murcia (30,7%), Castilla La Mancha (30,3%) y Cataluña (29,9%). Andalucía se encuentra en la décima posición.

En deuda por habitante, la situación de andaluza es aún más cómoda. Sólo Canarias, Navarra, Asturias y Galicia presentan mejores números. En este indicador, las peores situadas son la Comunidad Valenciana (11.185 euros de deuda por habitante) y Cataluña (11.085 euros por habitante).

Aún así, en los presupuestos de la Junta la partida de amortización de deuda y pago de intereses es la tercera más alta sólo por detrás de Educación y Sanidad. Es una situación que se reproduce en la mayor parte de las comunidades autónomas y también en los Presupuestos Generales del Estado, donde la partida destinada a pagar deuda sólo es superada por las pensiones y las transferencias a las comunidades.

La Junta de Andalucía argumenta que una eventual aceptación de la propuesta del Ministerio de Hacienda no cambiaría su situación ni a corto ni a medio plazo en cuanto a disponibilidad de recursos. La fórmula planteada por el Gobierno no supone que se ingresarían casi 19.0000 millones de euros en las cuentas de la Junta, sino que se haría un apunte contable que reflejaría que esa porción de la deuda se transfiere al Estado. La consejera, Carolina España, señaló en una intervención parlamentaria que las administraciones, a diferencia de otras personas físicas y jurídicas, suelen dedicar recursos a pagar solamente intereses de las deudas contraídas, y que estas se renuevan automáticamente una vez cumplido el plazo de devolución. En consecuencia, una condonación parcial como la propuesta sólo afectaría a una mejor posición a la hora de acudir a los mercados de deuda y al pago de intereses.

En la Consejería de Hacienda destacan que dado su bajo nivel de endeudamiento la Administración andaluza no padece un problema a la hora de emitir deuda -algo que sí afecta de manera determinante a Cataluña-, lo que quedó demostrado con la exitosa salida a los mercados del pasado martes, cuando se colocaron bonos por mil millones de euros a un interés por debajo del previsto.

A ello se suma la mala recepción que la propuesta del Ministerio ha recibido en las agencias de rating, que son las que califican a las administraciones que acuden a los mercados para obtener financiación. La agencia Moody´s sostiene que la condonación de la deuda no afectará directamente a los ratios de deuda soberana porque la deuda de las regiones ya se contabiliza como parte del stock de deuda de las administraciones públicas. Sin embargo, entiende que la quita plantea algunos problemas de «riesgo moral». Si la cancelación de la deuda desincentivara la aplicación de políticas fiscales prudentes a nivel regional, ello pesaría sobre las finanzas de las administraciones públicas y tendría un impacto adverso sobre la fortaleza fiscal del Gobierno. Por esta razón, considera que la decisión «es negativa desde el punto de vista crediticio para el Estado español». Esta posición de Moody's es relevante, ya que la calificación de las comunidades autónomas se relaciona directamente con la de España. Es decir, lo que se ganaría por un lado se perdería por el otro.

Para la otra agencia de referencia, Standar & Poor's, esta medida sólo aborda las consecuencias de anteriores desequilibrios presupuestarios. Esta entidad entiende que a falta de una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda sólo puede mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits. También incide en el concepto de que genere «riesgo moral» al disminuir los incentivos de las regiones para mantener un freno al crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro.

En relación al pago de intereses las versiones difieren. La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda señala textualmente que la absorción sólo alcanzará al capital de la deuda afectada «sin que incluyan a los intereses devengados u otros costes vinculados a la misma o que se deriven de las operaciones que instrumenten dicha asunción». Este párrafo ha sido interpretado de manera dispar. Los técnicos de la Consejería de Hacienda, según ha quedado reflejado en las intervenciones de la consejera, interpretan que las comunidades deberán seguir abonando los intereses de la porción de deuda absorbida, pero la vicepresidenta del Gobierno acusó a quienes defienden esa interpretación de «no leerse los papeles».

En el caso andaluz, los intereses afectados serían unos 140 millones de euros al año, que en caso de que la interpretación de la vicepresidenta sea la correcta, supondría un ahorro real para las arcas de la Junta. El problema radica en que, aún en ese caso, la cantidad no podría destinarse al fortalecimiento de los servicios públicos. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que participó en la reunión del CPFF, interpreta que, efectivamente, la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la misma medida por la Administración central. No obstante, al no incluirse ese ahorro en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto, «no se generaría un mayor margen de gasto en otras políticas públicas».

Por este motivo, en la Junta consideran que aceptar la propuesta no supondría un cambio en su situación ni ante los mercados de deuda ni en relación con la disponibilidad de más recursos para invertir en sanidad o educación.

El reparto entre las diferentes comunidades autónomas de los 83.252 millones de euros que el Gobierno está dispuesto a condonar sitúa a Andalucía como la autonomía más beneficiada al ser la de mayor población, con 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones, y Comunidad Valenciana, con 11.210. Para hacer este reparto, Hacienda utilizó el criterio de población ajustada, un sistema que se utiliza para otras cuestiones relacionadas con la financiación y que toma en cuenta la población de cada comunidad y le aplica factores correctores relacionados con el coste de los servicios públicos, como el porcentaje de población de más edad o en edad escolar, la dispersión o, en su caso, la insularidad.

Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que ha elaborado un informe para analizar la propuesta de Hacienda, este método de reparto es cuestionable, tanto en términos de equidad como de eficiencia, ya que entiende que la condonación sólo tendría sentido si fuese una herramienta para corregir inequidades pasadas. Es decir, si viniera a compensar a las comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica que hace que cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha- reciban menos recursos por habitante que la media.

Por lo tanto, según FEDEA, el criterio lógico a aplicar en el reparto sería en primer lugar la infrafinanciación y, ya posteriormente, la población ajustada. El estudio considera que el criterio utilizado, al primar a las comunidades más endeudadas, premia la irresponsabilidad fiscal.

En ese sentido, estima que Cataluña recibe un 87,2 por ciento más de lo que le correspondería según este criterio, mientras que Andalucía sale perjudicada en un 15,3 por ciento; la Comunidad Valenciana, en un 39,2% y Murcia, en un 34,5%. Según Fedea, Andalucía debería recibir 22.176 millones en lugar de 18.791 millones y Cataluña, 9.139 millones en lugar de 17.104.

Además de los señalados, existe también un argumento político en el que la Junta de Andalucía fundamenta su rechazo. En el Gobierno andaluz consideran que la propuesta de la quita forma parte de la hoja de ruta del nacionalismo catalán para separar su hacienda de la del conjunto de España y gestionar sus propios impuestos, lo que dañaría la caja común y perjudicaría en primer lugar a Andalucía.

A diferencia de la comunidad andaluza, Cataluña sí tiene un problema de deuda que le impide actualmente salir a los mercados para financiarse, por lo que depende al 100 por cien de la financiación estatal. Para conseguir una hacienda propia lo primero que necesita es que el Estado acabe asumiendo su deuda.

La Junta considera que esta propuesta, aunque en apariencia tiene a Andalucía como la principal beneficiaria al llevarse la mayor parte de la condonación, forma parte de una operación que la acabará perjudicando. En primer lugar porque como parte del Estado tendría que sumir su parte de la deuda catalana y también porque el horizonte a largo plazo la encontraría como principal damnificada.