El TC da vía libre a cancelar el núcleo de las condenas de los ERE tras anular la pena a Magdalena Álvarez

El Constitucional, que ordena a la Audiencia Provincial de la capital hispalense que dicte una nueva sentencia sobre el fraude de los ERE en lo que se refiera a Álvarez, hizo suya la ponencia de la elaborada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, del sector progresista, que sostiene que no cabe la prevaricación por la mera aprobación de anteproyectos legislativos -que luego fueron usados para desviar dinero público destinados a los parados para otros fines- porque esa normativa fue luego refrendada por el Parlamento andaluz.

Esta premisa, según anticipan todas las fuentes consultadas, será aplicada a todos los condenados por prevaricación por los ERE. O sea, otros 14 exaltos cargos más de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este último, no obstante, no quedaría exonerado del todo, puesto que fue condenado también por malversación, (malversación en concurso medial con prevaricación), los que le valió una pena seis años de prisión (al margen de los 15 años de inhabilitación absoluta), que aún no ha sido ejecutada debido al tratamiento al tratamiento oncológico al está siendo sometido. La idea del Constitucional es que todos los amparos de los ERE planteados, una docena, y cuyas ponencias van a corresponder siempre a Montalbán, sean resueltos antes de las vacaciones de agosto.

La argumentación del Constitucional -para tumbar la prevaricación en el caso de Álvarez y presumiblemente del resto de condenados –que es coincidente con la de la Fiscalía- es que los anteproyectos y proyectos de Ley aprobados por el Consejo de Gobierno autonómico no pueden ser sometidos de control jurídico.

Y es que tienen una naturaleza jurídica distinta. Ni son «resoluciones» ni «asuntos administrativos», por lo que no generan «efectos jurídicos» cuyas consecuencias puedan ser enjuiciadas penalmente. Son «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al parlamento», cuya fiscalización «altamente incompatible con la separación de poderes» que proclama el artículo 66.2 de la Constitución. Y nadie impugnó la ley de Presupuestos de Andalucía de la que derivó la gestión realizada posteriormente sobre los ERE acordados por la Junta. Esta tesis encaja de lleno con el caso de Álvarez que, según la sentencia de primera instancia, se limitó a «intervenir en la elaboración de los presupuestos de los años 2002, 2003 y 2004, participando en las sesiones del Consejo de Gobierno, aprobando los proyectos de presupuestos».

El Tribunal, de acuerdo con lo sostenido por la Fiscalía, insiste en que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación porque son solo «actos dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía». «Al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial», señala el Constitucional. «La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos», afirma la sentencia.

Y es que para la corte, exigir que todos los proyectos legislativos se atengan a las normas vigentes llevaría en sí a un contrasentido. «Si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor», concluye la institución que presidente Cándido Conde-Pumpido.

Según informó hoy la corte, la sentencia que tumba la esencia de la condena de los eres contará con los votos particulares de los magistrados Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Tolosa Tribiño y Espejel Jorquera.

El primer varapalo a la sentencias de los ERE del Constitucional -que había aplazado la deliberación de los recursos hasta después de los comicios vascos, catalanes y europeos- tiene lugar apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez el pasado 5 de junio en un mitin en Benalmádena (Málaga) pusiera en valor la figura de Magdalena Álvarez, que desde la primera condena hace un lustro había sido arrinconada en el PSOE andaluz. El presidente del Gobierno denunció que ella había sido «víctima» del «fango» y del «vil ataque de la derecha y la ultraderecha».