Sindicatos y padres convocan una huelga el 4 de marzo contra el decreto de escolarización

«Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos», reza el comunicado hecho público por la plataforma. Esta advierte de supresión de unidades de los colegios públicos dado que la Junta se adhiere al criterio de demanda social, recogido en la ley estatal que el actual Gobierno pretende derogar.

La plataforma niega que el decreto, tal como manifestó el consejero de Educación, Javier Imbroda, nazca del consenso. De hecho tampoco gusta al sector de la concertada. La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A), que aglutina a 425 centros educativos, ve el nuevo decreto como «un avance en las libertades», pero «limitado y con efectos prácticos reducidos a determinadas zonas». En un comunicado, recela de que la demanda social «ha quedado en el nuevo decreto limitada, ya que textualmente recoge que debe partir de la planificación que realice la Administración».

La Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada (Fapyma) considera «tibio» el decreto. Aunque valora algunos aspectos como la nueva baremación, se muestra desencantada: «Nosotros esperábamos avanzar en zonas únicas de escolarización, hecho este que no recoge en absoluto el nuevo decreto», afirman.