Seis claves del nuevo sistema de financiación que reclama Andalucía

Después de un tiempo en el que la reforma del sistema por el que se dota de recursos a las comunidades autónomas estuvo en el centro del debate político, sobre todo a partir de que el Gobierno andaluz tomara la iniciativa y comenzara a construir consensos con otras comunidades sobre el cambio de modelo, la propuesta del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero era esperada con todos los interrogantes abiertos, pero su contenido no ha alcanzado ni para cubrir las expectativas más modestas.

Montero había dado señales inequívocas de que iba a trasladar antes de noviembre un documento que sirviera como base para comenzar el debate acerca de un nuevo modelo que reemplazara al puesto en marcha en 2009 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que dejó a Andalucía como una de las tres comunidades españolas peor financiadas junto a Murcia y la Comunidad Valenciana. Durante su periodo como consejera de Hacienda de la Junta, que coincidió en gran parte con la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, la actual ministra había sido beligerante en el reclamo de una financiación justa para Andalucía, jugando un papel determinante para que el Parlamento creara primero un grupo de trabajo para aprobar una resolución en la que se reclamaba un cambio en el modelo.

En aquellas conclusiones se ponían cifras a la insuficiencia financiera para la cobertura del nivel mínimos de los servicios públicos fundamentales: entre los 16.100 y los 16.700 millones de euros en el conjunto del territorio nacional.

Sin embargo, la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda, al que la Junta de Andalucía ha respondido esta semana, se refiere solamente al cambio de un aspecto del actual sistema de financiación –el cálculo de la población ajustada– y no a una modificación global del modelo, que es lo que la comunidad autónoma viene reclamando incluso desde antes del vuelco político de diciembre de 2018.

La población ajustada es un concepto que se utiliza para calcular cuánto cuesta prestar los servicios públicos fundamentales en cada comunidad. Parte de la población real y se corrige en función de las circunstancias especiales de cada territorio, como los intervalos de edad, la insularidad, la superficie y la concentración o dispersión de los habitantes.

En su respuesta a la ministra, la Junta reconoce que éste es un elemento esencial para la distribución de los fondos, ya que determina una parte sustancial del reparto de los mismos, pero supone sólo uno de los elementos a tener en cuenta y se desconoce qué papel va a jugar frente a otros elementos del sistema.

Por ello, señala los aspectos sobre los que, en opinión de la Junta, se debería pronunciar la reforma del sistema de financiación de acuerdo con el dictamen aprobado por el Parlamento de Andalucía y sobre los que la propuesta del Ministerio no hace mención.

Para la Junta, la suficiencia financiera es el pilar básico sobre el que debe sustentarse el nuevo sistema. En su respuesta al Ministerio, el Gobierno andaluz señala que en el anterior proceso de reforma interrumpido en 2018 había un amplio consenso en las comunidades autónomas respecto a que el actual modelo de financiación no aporta los recursos suficientes para que éstas puedan atender la prestación de los servicios públicos. Se trata de una situación que la Junta considera que la pandemia ha reforzado.

El Gobierno andaluz entiende que esta suficiencia debe alcanzarse desde el momento inicial del aplicación de un nuevo modelo y durante todo el periodo de vigencia del mismo, por lo que se propone la evolución de las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales) según la tasa de crecimiento del PIB y la creación de un Fondo de Sostenibilidad para proteger la prestación de estos servicios de los vaivenes del ciclo económico.

Por ese motivo, propone la incorporación de recursos adicionales al sistema.

Para alcanzar ese objetivo, la propuesta de Andalucía es que se reasignen los recursos de financiación pública entre administraciones al entender que existe lo que denomina un «desequilibrio vertical» entre los mismos, es decir que en el reparto de los fondos provenientes de los impuestos y del endeudamiento público el Estado se lleva la mayor parte en perjuicio de las comunidades autónomas.

En el documento remitido por la Junta al Ministerio se señala que en el anterior proceso de reforma del sistema hubo referencias generalizadas a esta situación, que contribuye a explicar la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas, y se advierte de que se trata de un asunto al que la propuesta de Hacienda no hace referencia.

En el mismo sentido, el escrito de respuesta remitido por la Junta indica que el gasto en el que incurren las comunidades autónomas para atender los servicios públicos fundamentales supone un mínimo que debe considerarse irrenunciable debido a que ya se ha visto afectado por los ciclos recesivos y por los efectos de la pandemia.

Los mecanismos financieros que deberían cubrir estas necesidades, indica la Junta en su respuesta, tampoco aparecen analizados en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda.

La Junta indica que más allá de los cálculos que se hagan bajo el concepto de población ajustada para calcular el coste de la prestación de los servicios públicos fundamentales en cada territorio, no se debe perder de vista a la población de derecho como indicador de referencia principal. Advierte de que a la sencillez de su cálculo se le une la transparencia que aporta y recuerda que según el método aplicado actualmente la discrepancia entre población de derecho y población ajustada se eleva actualmente en Andalucía a 197.879 habitantes. Es decir, que esta comunidad recibe fondos para la prestación de servicios públicos fundamentales para casi 200.000 habitantes menos que los reales.

Uno de los puntos introducidos en 2009 al ponerse en marcha con la fórmula actualmente en vigor fue, a la hora de repartir los recursos del Fondo de Suficiencia Global, la cláusula Statu Quo, según la cual ninguna comunidad podría percibir menos de lo que venía recibiendo con anterioridad. Este elemento no hizo otra cosa que perpetuar situaciones injustas que se venían arrastrando anteriormente. Para la Junta, la aplicación de esta cláusula puede distorsionar los resultados obtenidos conforme al principio de equidad, por lo que propone su eliminación progresiva.

El Gobierno andaluz entiende que se debe garantizar la igualdad del acceso de los ciudadanos a todos los servicios públicos independientemente de su lugar de residencia, lo que implica que todas las comunidades dispongan de los mismos recursos según la población ajustada que se acuerde.

Para que las disposiciones legislativas que se adopten a nivel estatal no mermen los ingresos que pueda recibir una comunidad autónoma, la Junta pide que se regule de manera precisa el proceso de revisión periódico del nuevo modelo que se adopte.

Reclama también que se incluya un fondo de compensación por lo que Andalucía ha dejado de percibir desde que se aprobó el actual sistema en 2009, que se reconozca el pago pendiente de la Deuda Histórica y que se implante el fondo transitorio que reclama junto Murcia y la Comunidad Valenciana hasta tanto se ponga en marcha un nuevo sistema.