Los profesores de Andalucía tendrán presunción de veracidad si hay conflicto con un alumno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado de dicho acuerdo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al vicepresidente, Juan Marín, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en la Alhambra de Granada en lugar de su habitual enclave, el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Ejecutivo andaluz.

En este marco, Moreno ha considerado «importantísima» esta iniciativa legislativa, una norma «necesaria desde hace muchísimo tiempo pero que por cuestiones puramente ideológicas había quedado retrasada y marginada». Ha subrayado que con este avance «cumplimos un compromiso electoral».

Tras apuntar que el Gobierno andaluz «ha invertido más que nunca» en la educación, ha defendido que los profesores necesitan sentirse seguros para desarrollar un trabajo que siempre es necesario pero que no siempre es fácil, «y la sociedad actual presenta dificultades para la tarea docente muy diferente a la que tenían hace tan solo unas décadas«.

«Ante esos retos la figura del profesor tiene que estar blindada», ha afirmado Moreno a renglón seguido, y ha indicado que la ley en este marco «se fundamenta en el respeto de todas las personas al derecho a la educación que consagran tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía«.

Con todo, Moreno ha sostenido que se dan pasos «para dignificar la figura de nuestros docentes, una figura que a veces olvidamos y que es fundamental en esta tarea de progreso, bienestar y mejora». «Ellos son la palanca de cambio y transformación de la realidad social de Andalucía«, ha agregado antes de añadir que además »le debemos mucho en esta pandemia«.

En cuanto a la norma, el texto recoge los derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente, como el de recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el personal restante que presta su servicio en el centro docente, conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.

También se reconoce su potestad y autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata, proporcionada y eficaz (de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente), que le permitan mantener un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

Otro de los derechos de los profesores recogidos en la norma es a desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos, especialmente a su integridad física y moral y a su dignidad. Además, el docente podrá solicitar la colaboración de las familias o representantes legales del alumnado para el cumplimiento de las normas de convivencia.

La Administración educativa velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte realizará la oferta de formación adecuada y programas y campañas que valoren la función docente y contribuyan a mejorar su consideración y prestigio social. Esta formación pondrá especial atención en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las redes sociales.

Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 'iuris tantum', sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, pueda aportar el propio alumnado.

Asimismo, están incluidos en el anteproyecto de ley la responsabilidad y reparación de daños. En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumno o la alumna, se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación inmediata del daño producido y la petición de excusas.

Por otra parte, el alumno estará obligado a reparar los daños que cause individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa.

El ámbito de aplicación de la futura ley se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores. También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integración física o moral del profesorado, con inclusión expresa del ciberacoso y actos de naturaleza similar que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.