El primer examen a 12 agencias empresariales de la Junta plantea devolver competencias a las consejerías

La primera auditoría se ha realizado a 12 entes instrumentales: la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

En las conclusiones del informe, de 585 páginas, se expone que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que prestan «siguen vigentes», ha explicado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, responsable de la Intervención General encargada de la auditoría. Si bien, acota Bravo, los interventores objetan que las competencias que desarrollan estas agencias y las consejerías de adscripción no están bien delimitadas, «lo que favorece las duplicidades de funciones» con el consiguiente perjuicio económico para la Junta. Bravo ha puesto de ejemplo la construcción de la autovía de Almanzora, en cuya ejecución han intervenido la agencia de obra pública y la Consejería de Fomento con 16 millones de euros de pérdidas. Bravo ha señalado que solo en dos casos de los doce entes analizados, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), está justificado que sean agencias públicas empresariales.

Hay otras agencias que cumplen a medias los cometidos, como la de obra pública, instituciones culturales, la de medio ambiente y agua, la de puertos y la de IDEA. Otras, como la de cooperación internacional, la de educación, la de la energía, la de servicios sociales y la del conocimiento, no estarían justificadas según las auditorías de la Intervención, añade Juan Bravo.

Los doce entes instrumentales reciben 2.411 millones de euros, de los que 283 millones de euros se van para nóminas. En estas agencias trabajan 9.461 empleados de los casi 27.000 de la administración paralela, un 34%. De ellos solo 498 son funcionarios, el 93% de la agencia de servicios sociales y dependencia. Serán pues 8.963 empleados sobre los que se analizará su situación en el supuesto de que haya que darles una nueva ubicación si hay ajustes o cierre de las agencias en las que trabajan. La decisión dependerá de un grupo de trabajo creado por el Gobierno y que estará bajo la tutela de la Consejería de Turismo, Regeneración Y Justicia, a cuyo frente está el vicepresidente, Juan Marín.

Bendodo ha recalcado varias veces que el objetivo es que aquel ente público que funcione se mantenga, pero el que no, se pasará a «extinguir, liquidar, fusionar o reducir». En cualquier caso, el interés del Gobierno radica en «optimizar» todos los recursos de la Administración. «Aquí la gestión consistía en recaudar más para seguir alimentando el aparato político, para engordar la Administración y gastar más; y lo que nosotros queremos es gestionar mejor para bajar los impuestos», ha manifestado Bendodo en alusión a los gobiernos socialistas.

La Junta de Andalucía cuenta con antecedentes espinosos en materia laboral de las agencias públicas de la herencia socialista. Varias decisiones de despidos se han topado con los tribunales que han ordenado la readmisión. Es lo que pasó con los cerca de 800 empleados de las unidades territoriales de empleo y desarrollo local (Alpes) una vez cerrados los consorcios con la reestructuración de 2011 de la administración paralela. Los tribunales anularon los despidos. En el caso de la Fundación Andaluza Fondo para la Formación del Empleo (Faffe), una vez extinguida en 2011, sus 1.080 empleados pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pero la solución se convirtió en un nuevo problema. Al no ser funcionarios, no pueden ejercer parte del trabajo del SAE. Ambos ejemplos son tenidos muy en cuenta por el actual Gobierno PP-Cs a la hora de decidir sobre la administración paralela, admiten desde la Junta.