El presupuesto del cambio

Sea cual sea el signo político de un gobierno, la estabilidad es su principal valor

El presupuesto del cambio
María Dolores Tortosa
MARÍA DOLORES TORTOSA

La aprobación del Presupuesto de la Junta para 2019 por el Parlamento ha servido de algodón de prueba de la estabilidad política en Andalucía. Aunque suene a mantra repetido hasta la saciedad por los dirigentes del Gobierno de coalición de PP y Cs, es una realidad.

Tiene su importancia, además, por la zozobra política de otros lares, incluido el Gobierno de España. En este panorama de incertidumbre, era comprensible la cara de felicidad beatífica de Moreno y la sonrisa ancha de Marín en el salón 'eclesiástico' de Plenos. El Presupuesto es la norma más importante de la Junta de Andalucía. Con su aprobación, el primer Ejecutivo conservador, a punto de celebrar los seis meses de andadura, se consolida, exhibe solidez y con ello favorece el dinamismo económico que según los últimos índices estadísticos corren con el viento a favor en Andalucía. Las cuentas suponen el colofón a seis meses que pese al vaticinio negativo por la necesaria alianza con Vox, PP y Cs han salvado con más aciertos que equivocaciones.

Sea cual sea el signo político de un gobierno, la estabilidad es su principal valor, como suele decir el presidente de la CEA, Javier González de Lara, porque permite a todos los sectores organizarse a medio plazo sin el temor a mudanzas repentinas. La economía y el empleo no crecen en arenas movedizas. Empresarios y autónomos se muestran satisfechos con el nuevo Presupuesto, que contempla bajada de impuestos e incentivos como el de la doble tarifa plana para emprendedores.

Y en ese organizarse también se incluye a otros agentes sociales críticos con el nuevo rumbo de la política andaluza. A las dos principales líderes sindicales, Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO) no les gustan estas cuentas que, para ellas, no reconducen la desigualdad que ha dejado la crisis. Aunque reconocen que aumentan las partidas en sanidad y educación, aún las ven insuficientes. También critican la disminución de la inversión para políticas activas de empleo, que el Gobierno justifica porque en realidad no hay mucho tiempo para ejecutarlas.

Ambos partidos han insistido en que pese a su vitola de liberales y conservadores van a seguir mimando las políticas sociales, de ahí el empeño del consejero de Hacienda, Juan Bravo, de titularlas como las cuentas más sociales de la historia. Casi todas lo han sido, ya que las políticas que más se llevan de la tarta del gasto son las del bienestar social (sanidad, educación y servicios sociales como dependencia), más del 50% en esta ocasión. De hecho, estas cuentas son muy continuistas de las socialistas de 2018, en las que intervino como coautor Cs y en las que hubo incluso un impacto mayor en los ingresos (en torno a 100 millones de euros frente a menos de 50 de ahora) por la bajada del impuesto de sucesiones.

Los más destacado es que reflejan el repunte de la actividad económica, como demuestra su montante global de 36.495,5 millones de euros, un 5% más que las de 2018 (1.736 millones de euros más). Pero es que estas también subieron un 4,6% respecto a las de 2017 y marcaron la salida real de la crisis. La cifra de 34.759 millones de euros superaba por primera vez a las del año 2009 (33.764 millones de euros), cuando la crisis hizo mella con recortes que se prolongaron casi una década. El Presupuesto de 2017 fue de 33.239 millones de euros.

La matización obligada a estas cifras es la inejecución presupuestaria como tantas veces ha denunciado el PPcuando estaba en la oposición. Este es un aspecto a tener en cuenta cara al futuro. En definitiva, este es el segundo año que la Junta refleja en sus cuentas la recuperación económica con cierta alegría y optimismo. Para el bipartito era importante hacer constar cuanto antes que con el cambio político las perspectivas de crecimiento no solo se mantienen, sino que crecen, aunque los observatorios siguen siendo prudentes.

Para PP y Cs hubiera sido más práctico acabar 2019 con la prórroga del Presupuesto de 2018. El principal motivo de hacerlo aunque sea a mitad de año tiene por supuesto connotaciones políticas. Lo dicho antes, de exhibir la sintonía y fortaleza de la coalición; y sobre todo poner a prueba y normalizar la alianza con Vox, socio necesario para sacar adelante cualquier política de este Gobierno en minoría.

La de este pasado jueves era la tercera ocasión clave en que el bipartito y Vox votaban unidos por el cambio en Andalucía. La primera fue para la constitución de la Mesa del Parlamento en diciembre y la segunda fue la investidura de Juanma Moreno en enero. En resumen, pese al ruido habido y el que habrá dada la necesidad de Vox de hacerse notar, PP y Cs han construido un gobierno sólido en siete meses que se barrunta de toda la legislatura. Por mucho que el bipartito venda mano tendida y que su Presupuesto es fruto de su alma conciliadora por admitir una veintena de enmiendas del PSOE y Adelante Andalucía, el algodón que han puesto a prueba es el de el apoyo duradero con Vox.

El texto prepara el terreno a las cuentas de 2020

Y es por esta confluencia política donde radica la principal diferencia de las cuentas de 2019 con las de 2018 pese a su continuismo. Una diferencia que se observa no tanto en el reparto del dinero, como en el espíritu de un Presupuesto que pretende abrir el camino al de 2020 y siguientes. Vox ya ha avisado que el de ahora es un presupuesto de «transición». El texto cuela en sus disposiciones algunos cambios en la terminología referida a las políticas de género que escaman al movimiento feminista; como también otras referidas a las subvenciones con el trasfondo, sin alusiones, de que no se concedan, según Vox, a colectivos identificados con corrientes ideológicas de izquierdas. Incluidos las de memoria histórica y LGTBI.

PP y Cs van a necesitar mucha más energía de la demostrada hasta ahora para mantener que no darán un paso atrás en la lucha contra la violencia machista pese al empeño de Vox de derogar la ley específica y cambiar este nombre por el de violencia intrafamiliar, que ya se recoge por cierto en anteriores presupuestos, pero que no tiene nada que ver con el problema de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Las medias tintas y el andar de perfil, como le ocurrió a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, sobre la brecha salarial, no es la solución para frenar la confusión que pretende generar Vox con estas cuestiones. Tampoco el batiburrillo histórico y confundido sobre el voto femenino con el que Juan Bravo estropeó el broche a una elaboración y negociación brillantes del Presupuesto de la Junta. Lo de zapatero a tus zapatos le viene bien que alguien se lo recuerde. Cabe mejor la contundencia demostrada por Elías Bendodo, como no podía ser de otra manera, al corregir a Ruiz, quien consta en su círculo, y a esta periodista, como alguien que se cree lo de la igualdad.

Ahora bien, Vox va a ser aliado bien recibido en algo que sí es crucial para PP y Cs y que también este Presupuesto teje hilos: el desmantelamiento o redimensión del entramado de empresas públicas de la Junta, incluida la de la RTVA, que los conservadores llaman administración paralela. El texto apunta a cambios normativos para hacer viable el cierre o la modificación de estatus de las agencias y fundaciones, incluido su personal laboral, que pueden ser sometidos a traslados más que despidos, sin descartar estos. Todo depende de una auditoría externa, que recogerá las cuentas de 2020 y cuyas conclusiones no se conocerán hasta dentro de un año.