El PP-A propone a Rosario García Palacios como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu

En un audio, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha confirmado que en la mañana de este lunes ha registrado en el Parlamento la propuesta de García Palacios como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, y ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que la apoyen.

«Una mujer de un perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, una profesional de la salud en Andalucía, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa, y a la protección de las personas más vulnerables», ha dicho Martín.

Ha agregado que, de resultar elegida en el próximo Pleno del Parlamento, Rosario garcía se convertirá «en la primera mujer que desempeña el cargo de Defensora del Pueblo en Andalucía». «Nos llena de orgullo ser el Grupo Popular quien proponga este perfil absolutamente incontestable y que debería reunir el apoyo unánime del resto de grupos», ha dicho.

«Esperamos que el resto del grupo respalde nuestra propuesta, que no es partidista ni sectaria, sino independiente y llamada a buscar el consenso, un consenso por el que hemos trabajado durante mucho tiempo en este asunto desde el Grupo Popular», ha expuesto Toni Martín.

Ha indicado que ese consenso se ha echado «en falta» en el Grupo Socialista, sobre todo, tras la «marcha de señor Juan Espadas» como secretario general del PSOE-A. «Lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando; hacemos un llamamiento al PSOE para que abandone posturas sectarias y de interés partidista y entienda que esta es una propuesta pensando en Andalucía y en todos los andaluces».

Rosario García Palacios (1966) es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cádiz; máster en Innovación e Investigación de cuidados en Salud, y experta universitaria en Gestión de Cuidados por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada. Es presidenta de Cruz Roja Andalucía desde 28 Abril de 2023.

En cuanto a su experiencia profesional, ha sido enfermera asistencial durante 17 años; profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz (7 años); docente de la Consejería de Salud (14 años), o docente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológia (4 años).

Como se recordará, en septiembre de 2024 quedó formalmente vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, ha continuado ejerciendo sus funciones «hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento» autonómico.

A mediados del pasado mes de mayo, PP-A y PSOE-A confirmaron «conversaciones» para acordar la renovación pendiente del Defensor del Pueblo.

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo «será elegido por el Parlamento para un período de cinco años», y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.

Por otro lado, el PP-A ha propuesto también al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano (Carcabuey, Córdoba, 1957), licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1974/1979), es magistrado. Es presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba desde noviembre de 2014. Ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos.