El PP recusa a magistrados del TC y rechaza la relectura del 'caso ERE' que reclama el PSOE

Mientras el PSOE ya pone sobre la mesa su objetivo de rehabilitar a los altos cargos políticos condenados por el Supremo en sentencias ahora cuestionadas por el Constitucional, el Partido Popular evidenció este jueves que también está dispuesto a jugar fuerte. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, anunció en Madrid que su partido, como parte personada en el caso, pedirá la abstención de tres magistrados del tribunal de garantías: su presidente Cándido Gómez Pumpido; la ponente de los borradores que se han debatido sobre este asunto, Inmaculada Montalbán, y María Luisa Balaguer. Al primero reclamará que se aparte, como ya lo hizo cuando pertenecía al Tribunal Supremo y también le tocó pronunciarse sobre este proceso, ya que como fiscal general del Estado había participado en su tramitación. La recusación de Montalbán obedece a que como presidenta de una sala del TSJA participó en una veintena de sentencias relacionadas con los ERE y la de Balaguer, a que fue consejera del Consejo Consultivo y participó como ponente de 28 dictámenes relativos a este procedimiento.

Dos magistrados más

La ofensiva del PP contra la composición del Constitucional, al que considera contaminado, podría no acabar ahí, ya que hay otros magistrados a los que también se cuestionan. Se trata de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de un gobierno socialista y previamente director general de Justicia de la Junta con Manuel Chaves como presidente, y María Luisa Segoviano, quien como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE.

Paralelamente, la batalla por el relato político volvió a librarse en el Parlamento. Durante la sesión de control de este jueves, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, instó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pronunciarse sobre si respeta o no las sentencias del Tribunal Constitucional y recordó que desde éste se han dictado sentencias que reconocen que durante el procedimiento de los ERE se vulneraron derechos fundamentales de ex cargos socialistas que fueron condenados.

Moreno replicó que aunque respeta las sentencias de los tribunales, no puede soslayar que existe una mayoría de juristas que han manifestado que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones con sus sentencias sobre este asunto.

Pero el debate no se redujo al contenido de las decisiones del tribunal de garantías, sino que, como viene sucediendo en las últimas semanas, fue al fondo del asunto del caso que ha marcado la agenda política andaluza durante más de una década.

Espadas cuestionó que la cantidad defraudada, como argumenta el PP y sostiene la sentencia del Tribunal Supremo, haya alcanzado los 680 millones de euros, cantidad en la que los populares fundamentan su argumento de que se trata el mayor caso de corrupción de la historia. Acusó por ello al PP de haber montado una gran mentira que no sólo le costó la cárcel a personas honestas sino que también supuso parte de un juego sucio con el que Moreno pudo desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía.

El presidente y líder del PP andaluz advirtió por su parte que Espadas «se está pegando contra un muro» al intentar rehabilitar a los ex altos cargos de su partido condenados en este asunto y recordó que los expresidentes Chaves y Griñán fueron expulsados del PSOE-A, tras lo que acusó a los socialistas de pretender cambiar el relato sobre la historia reciente de Andalucía.