El Plan de Memoria Democrática actuó en 12 fosas con 2.181 víctimas exhumadas

Estas actuaciones se han complementado también con el análisis de 2.226 muestras de ADN, entre familiares y víctimas, que ha concluido con la obtención de 25 identificaciones de personas que han podido ser entregadas a sus familiares, que podrán darles así la despedida y entierro deseados.

Estos datos fueron ofrecidos en el Parlamento andaluz por el consejero Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que destacó además que ya se han llevado a cabo actuaciones de indagación, localización y delimitación en otras 15 fosas, que abren el camino a futuras exhumaciones.

Arturo Bernal afirmó que «es obligación de esta administración el desarrollo de medidas para garantizar la reparación del daño sufrido, por lo que hemos priorizado aquellas actuaciones encaminadas a la localización, exhumación y posterior identificación genética de los restos que hemos recuperado».

«Trabajamos para dar continuidad a las exhumaciones, pero creemos que hay que centrar los esfuerzos en las identificaciones y desgraciadamente son cada vez menos los familiares directos de los represaliados que aún siguen con vida y es por ello que cada vez se hace más difícil contrastar de forma fiable las muestras de ADN», argumentó.

Bernal señaló también que durante el año 2023 la Junta de Andalucía ha destinado 800.000 euros a identificaciones y reclamó en esta tarea más apoyo y una mayor aportación del Gobierno central, que solo dedicó 100.000 euros a estos trabajos durante el pasado ejercicio, precisó.

El consejero también defendió lo realizado por el Gobierno del PP en el marco de este plan desde 2019, con una inversión de 3,27 millones frente a los 605.000 euros destinados por el anterior Gobierno del PSOE entre 2017 y 2018. Además, contrapuso el más de un millar de exhumaciones desarrolladas por el actual Ejecutivo frente a las solo 195 realizadas con la gestión socialista.

Recorte presupuestario

La visión del desarrollo de este plan es bien distinta desde las filas del PSOE-A, que denunció el recorte previsto por el Gobierno andaluz en un 47% del presupuesto destinado a las actuaciones de este programa hasta 2027, según el borrador presentado por la Junta.

El portavoz socialista de Cultura en el Parlamento, Rafael Recio, acusó al Ejecutivo de Juanma Moreno de «falta de sensibilidad hacia los derechos humanos» en materia de memoria histórica al tener «prácticamente paralizadas» las políticas memorialistas, además de reprocharle «el ponerse de perfil por su escasa valentía política, ya que ni impulsa la ley ni se atreve a derogarla», esgrimió.

Rafael Recio arremetió contra «el peor de los comportamientos y el más doloroso y más cínico posible, que es ir dejando la ley sin contenido y sin presupuesto desoyendo al relator especial de la ONU y al Defensor del Pueblo andaluz», lamentó.