La partida de Doñana también se juega en Bruselas

Cuando el año pasado el PP presentó, junto a Ciudadanos y Vox, una propuesta legislativa en el Parlamento para dar respuesta a las demandas de regantes del entorno de Doñana que piden la regularización de sus cultivos, el PSOE de Andalucía se abstuvo para intentar encontrar durante el proceso de tramitación de la ley una posición que no lo descolocara frente al apoyo a la iniciativa por parte de sus alcaldes en la zona y al mismo tiempo no lo enfrentara a la radical oposición del Gobierno central.

Aquella tramitación decayó por el adelanto electoral y el agravamiento de la sequía hizo pensar que el Partido Popular no tendría urgencia en rescatar la iniciativa, Pero inesperadamente, y después de que Vox anunciará que seguiría adelante, optó por presentar un texto modificado que recogía algunos cambios con respecto a la situación anterior. La nueva proposición incluía la advertencia explícita de que los nuevos derechos de riego sólo serían con aguas superficiales, en caso de que hubiera disponible, y la creación de una oficina técnica que estudiaría caso a caso. En el PP entendieron que la inclusión de estos dos matices facilitaría a los socialistas andaluces sumarse a la propuesta y de hecho postergaron su presentación con la expectativa de que la firma del PSOE también apareciera al pie de la proposición de ley.

Sin embargo, no sucedió nada de eso. En esta ocasión se impuso el criterio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el PSOE se situó sin fisuras en el rechazo frontal.

Con una sequía que avanza y que volverá a ofrecer en este verano el paisaje de lagunas secas en Doñana y una agenda europea que tiene en la lucha contra el cambio climático uno de sus principales ejes, en el Gobierno consideran que Juanma Moreno ha cometido un error de bulto al insistir en su iniciativa para impedir que Vox le coma terreno entre los agricultores más desesperados por la grave situación que atraviesa el campo.

La forma de hacerle pagar ese error, y de propinarle la primera derrota política desde que llegó a la presidencia de la Junta, es obligarlo a retirar la proposición de ley y por ello los socialistas han puesto todos sus recursos para conseguir ese objetivo, incluida su capacidad para presentar el asunto ante las autoridades europeas. Según el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, por la propia configuración de las estructuras políticas, «ellos son los que tienen la relación directa con la Comisión y eso les da ese punto a favor», a pesar de que, en su opinión, al estar basada en un falseamiento de la propuesta esa ventaja acabará neutralizada.

Para la eurodiputada socialista Lina Gálvez, la posición crítica con la propuesta que ha adoptado Europa no es consecuencia de que las relaciones directas con la Comisión las ejercen principalmente los estados, sino que se trata de cumplir o no con la legalidad. No obstante, asegura que Andalucía ha perdido presencia en Bruselas. En su opinión, la representación de la Junta está menos activa que con la anterior administración. La labor de lobby, advierte, hay que trabajarla día a día.

El que sí parece estar ejerciendo a fondo la labor de lobby es el Gobierno central, hasta el punto de haber despertado las críticas de PPE por la supuesta falta de neutralidad de la Comisión.

En esta disputa, la función de árbitro la está ejerciendo el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, un político lituano de sólo 32 años miembro de la Unión de los Campesinos y Verdes Lituanos. Pese a su corta edad, Sinkevicius atesora una experiencia política nada despreciable. Con estudios de economía y polilingüe –habla cuatro idiomas– fue elegido parlamentario en su país con solo 26 años y un año después fue designado ministro de Economía e Innovación, cargo que ejerció hasta su nombramiento como comisario europeo en el equipo encabezado por la presidenta, la alemana Úrsula von der Leyen. Esta semana, el comisario quedó en el ojo del huracán después de que el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el también alemán Manfred Weber, lo señalara acusándolo de hacer campaña por Pedro Sánchez por su gestión de este asunto.

Aunque fue especialmente duro con Sinkevicius, Weber cuestionó también la actuación de la comisión, presidida por una compañera de partido, ya que Von der Leyen –cuyo portavoz salió sin demora a defender la actuación del comisario– también pertenece al PPE. Más allá de que la crítica oculta seguramente diferencias en el seno de esa formación, la de mayor representación en la Eurocámara, la cuestión de Doñana parece haber roto, además de la unidad del PPE, algunas costumbres. Una de ellas es que los comisarios, pese a estar sometidos a la crítica política, no suelen ser cuestionados en su neutralidad.

El presidente del PPE acusó a Sinkevicius de haberse puesto la «camiseta roja», el color que identifica a los socialistas. Sin embargo, el comisario lituano no pertenece a un partido de la órbita socialdemócrata donde se mueve el PSOE. La Unión de los Campesinos y Verdes Lituanos es un partido que no encuentra una formación homóloga en España, por lo que no resulta sencillo encuadrarlo en una clasificación fácilmente entendible desde los parámetros ideológicos de la política española. Se trata de una formación de origen campesino que llegó a plantearse su integración en el Partido Popular Europeo aunque posteriormente se adscribió al grupo europeo de Los Verdes. Tras gobernar Lituania en coalición con los socialdemócratas en 2016, actualmente se encuentra en la oposición.

El disgusto del PPE con Sinkevicius sobrevino después de que el comisario se reuniera esta semana con el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, cuando su equipo envió una comunicación vía whatsapp a los periodistas acreditados ante la Comisión en la que mostraba su rechazo a la proposición de ley que se tramita en Andalucía.

En esa comunicación, el comisario también advertía de que las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, por lo que incluía también una crítica al Gobierno. central. Pero lo que dejó claro es que, de momento, la Junta está perdiendo la batalla europea.