Oferta de empleo público en Andalucía: las 25.520 plazas aprobadas por la Junta

Con ello se da cumplimiento al acuerdo suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, según ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha señalado que, a partir de febrero, se pondrá en marcha una ventanilla única para informar sobre lo relativo a esta oferta extraordinaria.

En el ámbito sanitario se recoge ya el total de las plazas objeto de estabilización previstas en el acuerdo, 18.618, repartidas entre más de un centenar de especialidades de personal sanitario, administrativo, técnico y auxiliar. Destacan las 4.851 de facultativos, las 4.023 de enfermería, las 2.833 de auxiliares de enfermería y las casi 2.000 para celadores.

En cuanto al sector docente, la oferta de hoy recoge 6.000 plazas de los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. De ellas, 3.000 se convocarán en 2018 y otras 3.000 en 2020. En este ámbito, el proceso de estabilización en su conjunto prevé un total de 12.603 plazas. Las restantes 6.603 se incluirán en dos ofertas posteriores: una que se aprobará en 2018 con 4.500 para el Cuerpo de Maestros (se convocarán en 2019 y 2021) y la última en 2019 para 2.103 (convocatoria en 2022).

Finalmente, las 902 plazas de la Administración General se reparten entre 720 de funcionarios y 182 de personal laboral. En ambos grupos destacan las destinadas a técnicos de grado medio, como diplomados en Trabajo Social, educadores de centros sociales o arquitectos e ingenieros técnicos.

Por otra parte, el acuerdo con los sindicatos incluye, para próximas ofertas extraordinarias, 3.991 pertenecientes a las entidades instrumentales que prestan servicios en sectores prioritarios. De estas últimas, 869 corresponden a las agencias públicas empresariales sanitarias. En este bloque, las distintas plazas serán convocadas por cada consejo rector de estas entidades.

En cuanto al personal de la Administración de Justicia, corresponde a la Administración del Estado la aprobación de la correspondiente oferta extraordinaria, para la que la Junta propone la inclusión de las 388 plazas que hasta el momento cumplen los requisitos legales.

Una vez aprobado el decreto de la oferta extraordinaria, y dentro de los plazos que marca la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobarán las diferentes convocatorias, previa negociación en el ámbito sectorial correspondiente. En ellas se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, podrán introducir medios electrónicos en la gestión de los procedimientos.

Las distintas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del diez por ciento del total de las plazas, con porcentajes específicos del dos por ciento para discapacidad intelectual y del uno por ciento para enfermedad mental. En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que se superen los procesos selectivos y se asegure la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado que "la Junta ha apurado el máximo de las plazas que permitía la ley estatal", ya que "una pata fundamental de la sostenibilidad de los servicios públicos pasa por la condición de fijación del personal". Asimismo, también ha llamado la atención sobre la necesidad de evitar el denominado 'efecto llamada', de manera que las convocatorias serán coordinadas con las comunidades.

Según ha detallado, una vez se lleve a cabo esta oferta extraordinaria de empleo público la tasa de temporalidad en la Administración andaluza pasará del 23 por ciento actual al ocho por ciento, "una cifra que se considera óptima, teniendo en cuenta que el 92 por ciento de los profesionales han adquirido la condición de fijeza". Por último, Montero ha destacado la importancia de que la administración pública sea ejemplo para "eliminar la precariedad".