Nieto cree «esencial» la justicia para medir «la calidad de la democracia de un país»: «Es un servicio 100% público»

Argumenta que la justicia «es un servicio 100% público», porque a diferencia de otros ámbitos del Estado del Bienestar, como sucede en «educación, salud y dependencia», donde «hay alternativas privadas», precisa que «en Justicia, no», por cuanto «en Justicia uno va a un juzgado público o no va a un juzgado», ya que «no hay una alternativa».

Liga el protagonismo que tiene un buen sistema judicial en las inversiones empresariales porque plantea que «muchas veces cuando un inversor potente quiere poner sus recursos y su empresa o sus proyectos en un territorio en otro uno de los temas que se valora es el funcionamiento de la justicia y quiere saber si la justicia en ese territorio funciona bien o mal y muchas veces se decide esa inversión en base a esa calidad del funcionamiento de la justicia».

Las competencias que figuran en primer lugar en la nomenclatura de su departamento han centrado la actividad de su departamento en el primer semestre de este 2025, por cuenta de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Asegura que «cada vez me reafirmo más en ella» sobre la controversia vivida con el Gobierno con esta norma, después de admitir que «nos gusta mucho la música de la ley y nos gusta un poco menos la letra», ya que argumenta sobre el contenido de la norma que «la letra nos la han ido cambiando en la última fase de tramitación, con acuerdos con grupos radicales, con grupos independentistas y eso ha desvirtuado mucho el contenido de la ley».

A esa influencia de otros partidos le suma el reproche al Gobierno de «la ausencia absoluta de apoyo», del que afirma que «ya no solo presupuestario, que también apoyo de cualquier tipo, de un mínimo de lealtad institucional», por cuanto la Ley Orgánica 1/2025 «hace un cambio profundo de un servicio asumido por comunidades autónomas en varios territorios y que se sienten huérfanas y que hemos tenido que trabajar muy en solitario».

Blande el «especial interés» de Andalucía en cumplir con los plazos, el primero de los cuales señala el 3 de abril, fecha en la que había que llegar a un acuerdo con los Colegios de Abogados para modificar la orden de base y módulos del turno de oficio, y a partir de entonces «el 1 de julio había que hacer el gran proceso de transformación cuantitativo, porque afectaba a 70 de los 85 partidos judiciales, y se ha hecho y está funcionando, con muchísimas dificultades que hemos tenido que afrontar».

Señala en el calendario el último tramo de esa reforma, que describe como «la prueba de fuego» al implicar a las capitales de provincia, con el agravante de acometer ese cambio con la fecha límite del 31 de diciembre, advierte de que «está justo en medio de Navidad», y pese a lo cual, «el Ministerio se empeñó en mantenerla y nosotros lo haremos y cumpliremos con esa última etapa».

Admite también que «hay partes buenas de la ley que vienen trabajándose desde hace décadas» y augura que «lo que se ha incorporado mal se puede pulir después de una forma razonable», mientras que entiende la motivación de la Ley Orgánica 1/2025 de renovación de la Planta Judicial por cuanto apunta que «todo el mundo compartía que el servicio de justicia necesitaba flexibilidad, era un sistema de organización tremendamente rígido, compartimentado», que se proyecta en el controvertido ejemplo de que «en un juzgado las resoluciones, los criterios, no tenían nada que ver con el que tenía la puerta de al lado».

Apunta que una reivindicación de la Junta en este cambio organizativo ha sido que «los Tribunales de Instancia pudieran extender su jurisdicción a más de un partido judicial», con la idea de acabar con «el absurdo de tribunales de instancia que, en definitiva, son tribunales con un juez», antes de señalar que «eso no es un tribunal, eso es una ficción, que la ley mantiene porque no han sido capaces de tener valor para hacer un cambio más profundo».

Considera Nieto que extender «la jurisdicción de un Tribunal de Instancia integrando a jueces de partidos judiciales pequeñitos hasta llegar a un mínimo de tres nos permitía el mismo modelo flexible, de calidad de la justicia», por lo que augura que «no van a dar ese salto de calidad en el caso de que sea positiva la ley, porque van a seguir funcionando de facto igual que anteriormente».

«Creemos que ha sido una pérdida de oportunidad para haber dado un salto más ambicioso y más comprometido, sobre todo con las zonas rurales, con los municipios más pequeñitos», resume a modo de conclusión la posición de su departamento ante la Ley Orgánica 1/2025.

PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS

Tiene pendiente la Consejería de Justicia la aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Estratégico de la Justicia, que comenzó en enero de 2023, describe este texto como «un buen diagnóstico, que se ha trabajado muy bien desde el cimiento, las infraestructuras judiciales, el soporte digital, la reordenación de los recursos humanos, que son las tres piezas claves, el edificio, el sistema digital y las personas que trabajan en la justicia», para precisar que la ambición es «la humanización de la justicia», que describe como básica.

Considera que en la hoja de ruta de la justicia debe aparecer la sostenibilidad para que «no consumamos papel como si no hubiera un mañana, como si estuviéramos todavía a mediados del siglo XX», para precisar que es una práctica que «no existe en el resto de la Administración pública y, desde luego, no existe en el ámbito de la empresa», por lo que infiere de ese comportamiento que «eso es una anomalía que solo se puede corregir si hay un plan para corregirlo».

Y a esto sumar propiciar «un menor consumo energético en las sedes judiciales» y que, además, «sea un sistema autogenerado, por eso se van a poner placas solares en todas las sedes y, prácticamente, garantizando la autonomía energética de los edificios».

Asegura que este propósito tiene tras de sí «una memoria económica muy potente», donde incluye los 1.500 millones de euros asociados al Plan de Infraestructuras, y eleva la cifra final «en torno a los 2.000 millones» con otras medidas, por lo que proclama «un compromiso real de la Junta de Andalucía con la mejora del Servicio Público de Justicia sin precedentes» y que «va a colocar a Andalucía en una posición mejor que la que estábamos».

EP