Las negociaciones por Doñana entran en su fase decisiva con incertidumbre y voluntad de acuerdo

Desde que el pasado 3 de octubre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acordaran tras meses de agrio enfrentamiento sentarse para buscar una solución, se han sucedido a ritmo frenético multitud de reuniones en las que responsables y técnicos de ambas administraciones han intentado encontrar puntos de encuentro.

No se pretende sólo de una solución que conforme a ambas administraciones, sino de propuestas que satisfagan las expectativas de los actores sociales, especialmente los agricultores que iban a ser beneficiados por la ley impulsada para regularizar las explotaciones fuera de ordenación desde la aprobación del Plan de la Fresa.

El acuerdo entre Moreno y Ribera fijó como punto de partida la paralización en la tramitación de la ley durante un mes y el compromiso del Gobierno de España de aportar 350 millones de euros para iniciativas de desarrollo que alivien la presión sobre el acuífero que nutre a Doñana.

Desde entonces se inició un periodo de consultas con todas las partes -actores sociales, agricultores, ayuntamientos, colectivos ecologistas y comunidad científica- para que hicieran aportaciones sobre el posible destino de los fondos. A punto de cumplirse las cuatro semanas fijadas como plazo para alcanzar un acuerdo definitivo, la situación es de absoluta incertidumbre. Han sido reuniones al más alto nivel. Por parte del Gobierno, la dirección del proceso ha estado en manos del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y por la Junta están tomando parte el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; el de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y la de Agricultura, Carmen Crespo.

Aunque el tiempo de un mes fijado para las negociaciones no obligaba a alcanzar un acuerdo definitivo, sino a tener la certeza de que ese acuerdo será posible, a punto de cumplirse el plazo la incertidumbre sobre cómo será el desenlace es total. No sólo porque las partes se han conjurado para evitar que posibles filtraciones acaben por derrumbar cualquier posibilidad de acuerdo, sino también porque de momento las posiciones sobre los objetivos a conseguir parecen seguir distantes.

Teresa Ribera ha puesto el acento en algunas cuestiones alejadas de los planteamientos iniciales de la Junta al rechazar la compra de suelo como una de las posibles opciones y referirse en los últimos días a la posibilidad de cerrar no solamente pozos ilegales sino también otros que están funcionando de manera regular pero cuya continuidad atenta contra la recuperación del acuífero.

Aunque existe la certeza de que llegados a este punto el encauzamiento del conflicto no puede tener vuelta atrás, el punto central de la controversia sigue estando en la situación de los agricultores marginados del Plan de la Fresa que esperaban que la ley ahora paralizada resolviera su situación.

El Gobierno se niega a que con fondos públicos se compense de alguna manera a quienes han estado explotando el acuífero de manera irregular. La representación de los agricultores, que mantienen la reivindicación de que la ley siga adelante independientemente de los acuerdos que se alcancen con el Gobierno, no han recibido todavía ninguna información sobre las soluciones que el Gobierno propone para solucionar el conflicto. Del otro lado, desde el PSOE se ha advertido de que tampoco se conoce de momento cuáles son las propuestas que la Junta está dispuesta a poner sobre la mesa.

Hay también otras cuestiones que pueden estar influyendo en la negociación. Ambas partes tienen el mismo interés político en alcanzar un acuerdo. El Gobierno de España porque sabe que la aprobación de la ley sería muy mal vista en Europa con consecuencias imprevisibles que se no limitarían al territorio andaluz; la Junta, porque ha entendido que la norma es inaplicable mientras tenga la oposición del Ejecutivo central. El escenario de un eventual gobierno de Núñez Feijóo es, a efectos de puesta en marcha de esta ley, muy diferente a la probable continuidad de Sánchez en La Moncloa. La norma, de seguir adelante, iría camino del Tribunal Constitucional con la posible suspensión cautelar de sus efectos.

Pero ante esta coincidencia de objetivos operan por un lado los compromisos adquiridos por el Gobierno andaluz con los agricultores y por el otro, tiempos políticos muy diferentes. Mientras en el Ministerio para la Transición Ecológica las urgencias son más que evidentes, ya que la ministra está en funciones en un Ejecutivo en el que nadie sabe si seguirá con las mismas responsabilidades en el plazo de unas semanas, en la Junta los consejeros gozan de una estabilidad que les permite trabajar a medio plazo.

Las urgencias de unos, que podrían traducirse en procurar alcanzar un acuerdo lo más rápido posible, contrastan con las de los otros, que temen que un mal acuerdo hoy se convierta en un problema mañana.