Muere Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados del caso ERE

El que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008) ha fallecido esta madrugada, según ha confirmado su abogado, Rafael Ramírez, a las agencias Efe y Europa Press. A falta de que conocerse el resultado de la autopsia, las mismas fuentes apuntan a un infarto como posible causa de la muerte. Guerrero comenzó a sentirse mal en la madrugada de este domingo con insuficiencia respiratoria y los servicios de emergencia sanitaria nada pudieron hacer por su vida.

Con su muerte la macrocausa de los ERE pierde a uno de los personajes clave en el entramado de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de la Junta de más de 741 millones de euros durante una década que derivó en delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su adjudicación al margen de la legalidad, según la sentencia de la pieza política juzgada. Tan clave ha sido que la causa comienza cuando a raíz de una declaración en diciembre de 2009 ante la Policía Nacional sobre otro entramado, el de Mercasevilla, suelta que la ayuda para una regulación de empleo en el marcado mayorista procedía de un fondo creado por la Junta para amortiguar el impacto de la deslocalización de empresas; y al que Guerrero llamó «fondo de reptiles».

La jueza de instrucción del número 6 de Sevilla entonces, Mercedes Alaya, tiró de aquel hilo en enero de 2010, cuando arranca las diligencias del caso ERE; y fue a dar con intrusos en los expedientes de regulación de empleo de numerosas empresas auxiliadas con las ayudas de la Junta sin aparente justificación, como los más de 50 millones de euros concedidos a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, en especial del municipio El Pedroso. En este pueblo nació en noviembre de 1956 Guerrero y fue su alcalde antes de asumir el cargo de director general. Entre los intrusos, o personas que figuraban como trabajadores en empresas para cobrar la prejubilación sin serlo, estaba su suegra.

La popularidad de Guerrero alcanzó la máxima cota en marzo de 2012, en víspera de las elecciones andaluzas, cuando declara el que fuera su chófer en la Consejería de Empleo Francisco Trujillo, al que Guerrero concedió 1,3 millones de euros para empresas que luego se supieron que eran fantasma. Trujillo llegó a declarar que el dinero se lo gastaban él y su jefe en fiestas y cocaína. Aquel marzo Guerrero ingresó por primera vez en prisión preventiva, en la que estuvo hasta octubre. Luego Alaya volvió a ordenar su ingreso en la cárcel tras una de las redadas de la Guardia Civil relacionadas con el caso en marzo de 2013, dejando de ser preso preventivo en junio.

Guerrero era conocido por su locuacidad, lo que le supuso más de un disgusto con sus abogados defensores (llegó a tener tres). Su carácter abierto y simpático hizo que se ganara a los periodistas en esos recesos entre declaración y declaración en los juzgados sevillanos. Nunca puso una mala cara ni en los momentos más duros, cuando fue ingresado en prisión preventiva. Una de las veces llegó a mostrar su preocupación porque solo tenía cinco cigarrillos en el bolsillo.

Durante el juicio llegó a desmentir que hubiera llamado 'fondo de reptiles' a la partida de los ERE. En el rosario de perlas de sus espontáneas declaraciones figura la que hizo en la comisión de investigación del escándalo de los ERE en el Parlamento en el verano de 2012, estando todavía preso. Preguntado por la acusación del chófer de la cocaína, respondió que él se tenía por alguien «jovial», pero que no consumía droga. «No he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia», espetó para aclarar que lo suyo son las copas y que de estas se toma las que le apetece y «donde me apetece». «Sé cuánto vale un Marlboro y un gin tonic. No he comprado ni un porro», dijo Guerrero entonces convirtiendo en célebre esta frase. Fumador y bebedor empedernido, como él confesaba cuando se le preguntaba, también se supo de su estancia en prisión preventiva que era gran lector de libros de literatura.

La situación procesal de Guerrero se preveía complicada. Además de la condena de la pieza política de los ERE estaba por ver si también lo sería en otras de la macrocausa aún sin juzgar. Y no solo de los ERE, sino de otras causas con raíz en la Consejería de Empleo. En concreto fue condenado por la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de cárcel por los pagos realizados a una empresa de informática, Umax, durante el tiempo en que fue director general por servicios para los que no había ni un expediente de adjudicación y tampoco se había respetado el procedimiento legalmente establecido. Las investigaciones policiales de varias de las ayudas revelaron que Guerrero procedía a concederlas de esta forma tan poco ortodoxa, a veces reflejada en un simple papel y negociada en el bar. El conocimiento de este proceder hizo creer a los responsables socialistas de la Junta que la causa de los ERE era cosa de «cuatro golfos», entre ellos Guerrero. Con el tiempo el controvertido director general se llevó por delante a dos décadas de gobiernos socialistas. El juicio a Chaves y Griñán y Guerrero a lo largo de 2018 pesó como una losa en las elecciones autonómicas de diciembre de ese año, cuando los socialistas perdieron por primera vez el Gobierno de la Junta de Andalucía por una alianza con mayoría absoluta de las derechas.