Moreno saca su vena andalucista frente al Gobierno en defensa del plan para Doñana

En el Ejecutivo andaluz no se cansan de repetir el mensaje de que la postura crítica del Gobierno en relación con la proposición de ley que permitirá regularizar explotaciones agrícolas en el entorno de Doñana –que el miércoles superó su primer escollo parlamentario al aprobarse su toma en consideración con el amplio margen de los votos del PP y Vox– obedece a la hostilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Andalucía y su gobierno y a la voluntad política de obstaculizar cualquier solución que la Junta pretenda arbitrar para dar solución a los problemas de la comunidad.

El miércoles, tras la votación en el Parlamento de Andalucía, Ribera arremetió contra Juanma Moreno y aseguró que «desde su pequeña esquinita, y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España».

El presidente apenas demoró algunas horas en responderle. Lo hizo en la sesión de control, en la que atribuyó el cambio de postura del grupo socialista –de la abstención frente a una iniciativa similar en la anterior legislatura al actual rechazo rotundo– a «un telefonazo» de Pedro Sánchez al secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, lo que a su juicio resume cómo se decide la política del PSOE-A en esta legislatura, «ordeno y mando desde Moncloa».

Moreno se envolvió en la bandera andaluza para enmarcar la postura del Gobierno en un acoso contra Andalucía y respondió al tópico con otro tópico: «Nadie va a venir desde un ático del Paseo de la Castellana a decirnos a los andaluces lo que podemos y no podemos hacer». En esa misma línea, lamentó que el Gobierno de Sánchez «cuestione, recurra, golpee, limite y empequeñezca la autonomía» de Andalucía.

Mientras este debate se desarrollaba en el Parlamento de Andalucía, desde Bruselas llegaban señales sobre el frente internacional que se le ha abierto a la Junta por este asunto. La Comisión Europea advirtió a través de su portavoz, Tim Mc Phie, sobre los efectos adversos para el ecosistema de Doñana que puede ocasionar una ampliación de regadíos y recordó que España está obligada a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a garantizar su protección y la expone a sanciones económicas si no lo hace. McPhie afirmó que se mantiene un diálogo abierto con las autoridades españolas y que en caso necesario, la Comisión tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que España cumple la sentencia.

En la Junta no dudan de que la postura radicalmente crítica de Bruselas con su proyecto es consecuencia de una desinformación alentada desde el Gobierno socialista y de sus dificultades para poder explicar la propuesta directamente a las autoridades europeas.

Esta dificultad podrá solventarse el próximo 3 de mayo. Para ese día ha sido fijada una reunión que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha gestionado con el equipo del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para explicar la propuesta que ya se tramita en el Parlamento, según confirmaron fuentes de la Junta, que explicaron que todavía no se ha decidido quiénes integrarán la delegación andaluza.

Precisamente, uno de los reproches que desde el Gobierno andaluz se han lanzado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez es su falta de disposición para abordar de forma bilateral la búsqueda de una solución no lesiva para el Parque Nacional que dé respuesta a los agricultores cuyas explotaciones quedaron fuera del Plan de la Fresa que en 2014 delimitó los terrenos de regadíos en la zona. La última reunión entre representantes del Gobierno y de la Junta sobre este asunto se celebró en Madrid el lunes 27 de febrero, ocasión en la que quedaron en evidencia las diferencias de ambas partes sobre este asunto.