La Junta trabaja ya en su nueva Ley de Vivienda, que reparará el «daño» de la norma estatal

La consejera aseguró que la nueva ley autonómica en materia de vivienda será «rigurosa» y dará «seguridad» al sector frente a la «controvertida y cuestionada» norma estatal que el Tribunal Constitucional ha rectificado, dando la razón a la Junta en la invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas en la que incurría su texto. 

Rocío Díaz, que compareció en comisión parlamentaria para detallar las actuaciones que está desarrollando su departamento en relación a esta Ley de Vivienda tras la reciente sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por a Junta y otras comunidades, afirmó que la norma autonómica no será «intervencionista y se hará escuchando a todos los actores que operan en el sector, ya que se trata de una materia muy sensible e importante para la ciudadanía», subrayó. 

Rocío Díaz censuró la ley estatal que, a su juicio, «se gestó y aprobó a espaldas de las comunidades autónomas y ha provocado un desplome de la oferta, menos viviendas y más caras, y que se dispare el precio del alquiler, alcanzando máximos históricos, lo que demuestra el fracaso de las políticas populistas del Gobierno».

En su opinión, «las mejores leyes nacen del consenso, pero en este caso el Gobierno prefirió tomar un atajo para enarbolar la bandera de la vivienda como mera propaganda electoral e ideológica». 

Rocío Díaz cree que «el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones «que son potestad exclusiva de Andalucía, como queda recogido en el Estatuto de Autonomía». 

La consejera mostró su satisfacción por el hecho de que se haya corregido en la ley la pretensión del Estado de plantear un plazo de protección para las viviendas protegidas de al menos 30 años, lo que «no era atractivo ni para los promotores ni para los compradores, aplicando ahora criterios más flexibles en la catalogación de la vivienda protegida de 15, 10 y 7 años en función de la categoría de la vivienda protegida, como así proponía la Junta. 

Según la titular de Fomento, medidas de flexibilización como esta, unidas a las líneas de ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas, han permitido que Andalucía haya triplicado la certificación de viviendas protegidas en los últimos años, pasando de 3.218 entre 2014 y 2018 a 10.258 entre 2019 y 2023. Asimismo, los diferentes programas de ayudas que han permitido la construcción de más de 6.500 viviendas tras más de una década sin acción de la Junta, poniendo en marcha iniciativas para 10.000 nuevas viviendas a precio asequible.

La parlamentaria del PSOE-A Isabel Ambrosio criticó la «nula gestión» de la Junta en materia de vivienda «plagada de incumplimientos», recordando que «Juanma Moreno prometió a su llegada 20.000 viviendas y una ley que seis años después aún están por ver cuando disponen de más recursos que nunca».

Isabel Ambrosio reprochó a la Junta «los palos en las ruedas que pone cada vez que otros gobiernos quieren avanzar» y criticó la falta de interés en desarrollar medidas impulsadas por el Gobierno de España, como el bono joven del alquiler.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía José Antonio Gómez Jurado sostuvo que la política de vivienda del PP en Andalucía ha propiciado una «desregulación salvaje» e ironizó afirmando que «toma referencia de los portales Fotocasa e Idealista».

Por último, el representante de Vox Ricardo López lamentó que se lleve tantos años sin solucionarse el problema de la vivienda con los gobiernos de PSOE y PP, especialmente para los jóvenes, y arremetió contra la ley estatal con la que «podemos acabar como Venezuela», concluyó.