Reunión de la Junta con los expertos para concretar las medidas desde el 10 de mayo

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que ya han recibido propuestas de los distintos sectores que han sido consultados por las consejerías y que, en la tarde de este lunes, él y los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud y Familias, Jesús Aguirre, mantendrán una reunión para «fusionarlas» y elevarlas el miércoles al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, de manera que los andaluces sepan «qué es lo que va a pasar» en la comunidad a partir del día 10 de mayo.

«Esto es lo que debería haber hecho el Gobierno central, pero no lo ha hecho y las comunidades nos sentimos indefensas, pero en Andalucía vamos a articular todas las medidas que actualmente el estado de derecho nos permite», ha dicho Juan Marín.

Asimismo, ha expuesto que lo referido a la libre circulación de ciudadanos y a las restricciones a la movilidad, ya sea en distritos sanitarios, provincias o en comunidades autónomas, no lo van a poder decidir los responsables autonómicos, sino que, finalmente, va a tener que ser un juez «el que decida esto».

Según el vicepresidente de la Junta, este escenario se va a dar porque el Gobierno central «no ha hecho su trabajo y no ha articulado una vía para que las comunidades puedan tomar decisiones».

«El decreto de estado de alarma termina después de seis meses y seguimos en la misma indefensión y tendremos que someternos a las decisiones judiciales a partir del próximo día 10«, según ha agregado Juan Marín.

Lo que nos queda, según ha añadido, es que si hay una situación de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en un determinado municipio, la Junta tendrá que decretar el confinamiento y después elevar esa propuestas al TSJA «y que este lo derive a una sala y nos diga si podemos mantener o no esa restricción».

Respecto a si la Junta se plantearía pedir el estado de alarma para Andalucía, ha indicado que en esta comunidad no hay en este momento una situación sanitaria como para pedir un estado de alarma, pero sí «podemos necesitar una restricción muy concreta o específica en cualquier municipio, que va a tener que pasar por una decisión judicial».