La Junta mantiene abiertos los canales con el Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre Doñana

Mientras tanto, se han producido contactos entre ambas administraciones, según fuentes consultadas por este periódico, aunque de momento no ha habido acercamientos de posturas que puedan ser considerados relevantes. En la Junta de Andalucía se mantiene un hermetismo absoluto sobre los motivos reales que han llevado a aplazar dos semanas la aprobación final de la ley, que si no hay nuevos cambios se llevará al siguiente pleno del Parlamento, previsto para el 10 y 11 de octubre.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, recordó este martes tras la celebración del Consejo de Gobierno que desde el Ejecutivo autonómico se viene reclamando desde el primer momento diálogo con el Gobierno de España y aseguró que se trata de una reclamación sincera que continúa vigente. «Los canales están abiertos», dijo el portavoz, que expresó su deseo de que «hasta el último minuto» se pueda alcanzar una solución de consenso. «Doñana merece medidas en positivo, merece diálogo, consenso y no el espectáculo que se nos ha ofrecido desde Madrid en los últimos meses», señaló.

La ley que impulsan conjuntamente el Partido Popular y Vox en el Parlamento de Andalucía pretende dar una solución a los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del Plan de la Fresa, aprobado en 2014, y por lo tanto con una calificación urbanística que no permite su uso agrícola. Aunque en el texto de la propuesta se alude a que las fincas beneficiadas por la recalificación propiciada por la ley en tramitación sólo podrían tener acceso a aguas superficiales, el Gobierno considera que la propuesta supone una amenaza contra el Parque Nacional de Doñana, cuyo principal acuífero se encuentra en una grave situación como consecuencia de la sequía y la sobreexplotación.

Desde la Junta se ha recordado en múltiples ocasiones que la disposición de esas aguas superficiales sólo será posible cuando se ejecuten obras de infraestructura hidráulicas pendientes cuya competencia corresponde al Gobierno central. Sin embargo, Desde las formaciones de izquierdas se asegura que esa dotación de hectómetros cúbicos ya está repartida entre zonas de regadíos ya legalizados, y por lo tanto la futura disposición de agua de la que habla la Junta no es real.

El trámite parlamentario de la propuesta ha dejado clara dos posiciones meridianamente enfrentadas sobre este asunto. De un lado, la Junta de Andalucía, los dos grupos proponentes y la mayor parte de los agricultores y alcaldes de la zona afectada, la corona norte de Doñana. Del otro, el Gobierno central, el PSOE y el resto de la oposición de izquierdas en el Parlamento, los colectivos ecologistas y buena parte de la comunidad científica.

Una de las propuestas que se han puesto sobre la mesa y frente a la que la Junta de Andalucía se ha mostrado receptiva es la eventual adquisición o canje de los terrenos agrícolas para reducir la presión sobre el acuífero. De hecho, cuando el año pasado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó en Huelva un plan para la restauración de Doñana dotado de 356 millones de euros, hizo mención a una partida específica de 100 millones de euros para explorar la posibilidad de recuperar fincas y derechos de agua que incidan desfavorablemente sobre el acuífero.

La semana pasada, coincidiendo con el anuncio del Grupo Popular en el Parlamento de que se postergaba la aprobación de la ley, la Fiscalía anunció que tiene abiertas diligencias para investigar posibles responsabilidades penales por la explotación ilegítima del acuífero.

Desde que se presentó la propuesta en el Parlamento, el Gobierno central puso su retirada como condición para sentarse a hablar con la Junta, situación que no se ha producido. El Ejecutivo andaluz, sin embargo, considera que los cauces para llegar a una solución de consenso siguen abiertos.