La Junta inicia mañana contactos con otras comunidades de PP y Cs para liderar un frente común

Aunque a San Telmo le gustaría que al frente que pretende liderar se enrolen comunidades de todos los gobiernos, todo apunta a que solo lo serán de gobiernos de PP y Cs, tanto en bipartito, como Murcia y Andalucía, o del PP solo, como el de Galicia. Marín tiene previsto recibir en San Telmo a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y también de Cs, tras hacerlo con su homóloga de Murcia.

El vicepresidente busca introducir en los encuentros una posición común cara a la formación de un gobierno de coalición en España de PSOE y Unidas Podemos con el previsible apoyo de los nacionalistas catalanes (ERC) y vascos (PNV). En declaraciones a Europa Press, Marín admite el temor de su gobierno a que el citado pacto propicie una desventaja en financiación a comunidades que no son de los colores del Ejecutivo nacional ni de sus aliados con «poder de influencia para que Pedro Sánchez pueda seguir con su sillón en la Moncloa, y que van a intentar tirar de intereses que beneficien a sus territorios». «Somos gobiernos que no somos del PSOE y estamos viendo cómo actúa el PSOE de la mano de Unidas Podemos con respecto a gobiernos que no son de su sintonía», ha manifestado Marín. La iniciativa de formar un frente común coincide con el anuncio de Pedro Sánchez de convocar nada más sea investido una Conferencia de Presidentes autonómicos, según hizo saber a estos la pasada semana. La financiación autonómica y las dificultades de sostener la sanidad pública se prevén como asuntos nucleares de esa conferencia.

Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, las dos primeras gobernadas por PP-Cs y la última por PSOE y Compromís, son las tres autonomías con peor financiación y que más dificultades tienen para sostener los servicios públicos. Esta circunstancia no es nueva, sino que constituye una vieja reivindicación casi desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estrenó en 2009 el sistema de financiación de las comunidades autónomas aún hoy vigente. Este modelo se apoya en la cesión de impuestos, entre ellos parte del IRPF y el IVA, pero la crisis del ladrillo y financiera de la última década, con una bajada considerable de ingresos por actividad económica y un alto índice de paro, supuso un varapalo a la financiación de las comunidades que como Andalucía más acusaron la desaceleración.

Las autonomías, entre ellas Andalucía, llevan reivindicando un nuevo modelo desde hace años. En la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy (PP), prometió la actualización del sistema de financiación para lo que se creó un grupo de trabajo de técnicos y expertos. Este grupo emitió un informe en el que se corroboraba las dificultades de liquidez de las comunidades para atender los servicios públicos y la desigualdad en la financiación de la sanidad y educación. En paralelo, el Parlamento de Andalucía aprobó un documento apoyado por PSOE, PP, Podemos e Izquierda Unida, en el que reclamaba una financiación adicional para Andalucía de 4.000 millones de euros anuales.

El Gobierno de Rajoy no llegó a dar el siguiente paso de actualizar el sistema. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho, pese a que también lo prometió cuando el socialista ganó la moción de censura en junio de 2018. La interinidad debido a que lleva en funciones desde que ganó las elecciones de abril y luego las de noviembre, pero sin mayoría para formar gobierno, es la razón esgrimida. A las comunidades, que sí han logrado resolver ese problema de formación de gobierno sin mayorías, como es el caso de Andalucía, se les ha agotado la paciencia.

El episodio de la carta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la Junta en la que le prohíbe salir a los mercados a financiarse y le reclama un plan de ajuste por haber incumplido todas las reglas de la estabilidad presupuestaria en 2018, cuando gobernaban los socialistas en Andalucía, ha sido la gota que ha colmado el vaso. A ello su suma que el Ministerio de Hacienda tampoco ha sabido resolver la fórmula para abonar a las comunidades la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, pese a que también lo prometió. La excusa es que no recibió apoyos de los partidos para el Presupuesto de 2019 y aún mantiene prorrogado el último de Rajoy de 2018. Andalucía debería recibir 534 millones de euros por este concepto y si no llega antes de final de año podría incumplir el objetivo de déficit público de este año, cifrado en el 0,3% del PIB regional. Este impago del IVA afecta a todas las comunidades y, según informó la pasada semana el presidente, Juanma Moreno, le consta que hay autonomías gobernadas por el PSOE muy molestas con el Ministerio de Hacienda, que dirige la andaluza María Jesús Montero, por no liquidar esta deuda.