La Junta inicia el curso con el objetivo de completar sus reformas antes de ir a elecciones

Es probable que el presidente no tenga aún una fecha fijada entre las múltiples opciones que ofrece el calendario. No hace mucho barajó dos posibilidades -una en junio, la otra en octubre-, pero en el Gobierno no se habla de plazos, sino de objetivos. Y lo que figura en la hoja de ruta del Ejecutivo es concluir la agenda reformista puesta en marcha en enero de 2019.

Si bien es cierto que la mayor parte de los fines legislativos ya se han alcanzado con la aprobación de la reforma fiscal contenida en la Ley de Tributos Cedidos, del decreto de simplificación administrativa, de la ley del suelo (LISTA) y de la creación de la agencia TRADE -con lo que el Ejecutivo considera que llega al último tramo de la legislatura con los deberes hechos, quedan aún por delante algunas normas más que aprobar. Pero sobre todo, en el Gobierno quieren darse un tiempo para que todas estas reformas rindan frutos y se visualicen sus efectos en la marcha de la economía.

Frente a quienes de un lado las consideran insuficientes y del otro entienden que su repercusión será negativa, si algo existe en el Gobierno andaluz y en los dos partidos que lo sustentan es una confianza ciega en que se transita por el camino adecuado y que sólo es cuestión de tiempo para que el despegue económico de Andalucía sea visto como una realidad insoslayable. No quieren ir a las urnas antes de que eso se pueda visualizar y ahí reside uno de los principales motivos por los que el presidente aún no ha activado el proceso electoral a pesar de la precariedad parlamentaria en la que se mueve desde que Vox comenzó a racanear su apoyo parlamentario.

A partir del pasado verano, cuando esa formación dio un giro en su política en Andalucía e inició el reclamo de adelanto electoral que no ha menguado y que tuvo su punto culminante en el rechazo a los Presupuestos de 2002, lo que obligará al Gobierno andaluz a transitar su último año de gestión, la posibilidad del adelanto electoral se convirtió en el asunto principal de la agenda política andaluza. Sin embargo, el presidente siempre mantuvo la misma posición pública: no habrá adelanto salvo que una eventual situación de bloqueo parlamentario convierta la gestión en un calvario imposible de transitar.

Cuando el proyecto de Presupuestos naufragó en el Parlamento al confluir en el rechazo a la propuesta del Gobierno los votos del PSOE y de todo el arco de la izquierda con los de Vox, en el PP y Ciudadanos creyeron encontrar un sustento empírico al argumento de la pinza que venían acuñando desde hacía tiempo y que a partir de entonces comenzaron a repetir con mayor insistencia: una supuesta alianza fáctica a derecha e izquierda confabulada para bloquear el cambio en Andalucía. Este discurso no encontró sustento en los hechos.

El Gobierno fue capaz de sacar adelante la mayor parte de sus iniciativas pactando una veces a derecha y otras a izquierda, desmintiendo la tesis de la pinza pero al mismo tiempo permitiendo alimentar otro argumento también impulsado desde San Telmo y en el que el Gobierno se encuentra igualmente cómodo, el que lo sitúa en el «extremo centro», con potenciales aliados a uno y otro lado de la geometría política y donde el PP espera encontrar, cuando llegue el momento, el aluvión de votos que permita a Juanma Moreno prolongar su mandato al menos cuatro años más.

En el horizonte

Ese momento, aseguran desde el Gobierno, está en el horizonte pero aún no ha llegado. Al Gobierno aún le queda todavía agenda legislativa por delante. En el Parlamento, que reiniciará las sesiones en febrero, espera para completar su tramitación la Ley de Economía circular, una norma con la que se espera modernizar la estructura productiva de Andalucía bajo criterios de sostenibilidad, pero además el Gobierno tiene en cartera otras normas que espera tramitar en lo que todavía resta de curso político. Entre ellas destacan la Ley de Función Pública y la Ley de Participación Institucional.

Después de haber repetido con insistencia en el argumento de la pinza, desde el Ejecutivo miran el úlrimo tramo de la legislatura bajo el prisma futbolístico del «partido a partido». Se irá llevando cada iniciativa al Parlamento, incluyendo los decretos con las modificaciones de crédito a los que obliga la prórroga presupuestaria y los relativos a medidas en los centros docentes o a las contrataciones en el SAS , para comprobar si la disposición de los grupos de la oposición a pactar permite completar la legislatura.

Mientras tanto, el discurso oficial no se mueve ni en público ni en privado del calendario previsto. La intención es agotar la legislatura, y eso supone llegar hasta julio. «Eso lo vamos a ver, no hay fecha en el horizonte», aseguran en San Telmo. Si se cumpliera con este objetivo, a la vuelta del receso parlamentario de agosto se celebraría el primer pleno de septiembre para zanjar los temas pendientes, disolver la Cámara y convocar las elecciones para noviembre. «Ése es el objetivo, pero que lo que vayamos a resolver lo veremos pleno a pleno», explican desde el Gobierno.