La Junta impulsa un ciberescudo para proteger a los menores de los peligros de internet

El anteproyecto de ley fija el objetivo de crear un entorno digital saludable para proteger a los menores de edad y grupos de riesgo. Para los más primeros, el escudo digital de protección se pondrá en marcha para evitar su acceso a contenidos inadecuados como pornografía, violencia o apuestas y otros que puedan afectar a su seguridad, su salud, su desarrollo y su intimidad.

Este filtro, según explicó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, será una garantía en forma de aplicación gratuita para las familias que evitará que los menores tengan acceso a contenidos para mayores. El escudo se desplegará de forma progresiva, de manera que se podrá instalar la aplicación en el dispositivo del menor y se habilitará una plataforma que recopilará un conjunto de buenas prácticas para los menores y un espacio de ciberescuela de padres.

Así, los menores no podrán acceder a contenidos inapropiados, tendrán bloqueadas aplicaciones peligrosas, se podrá establecer descansos y límites de tiempo, añadir recordatorios y alarmas o estadísticas de uso. De esta manera, el anteproyecto de ley pretende garantizar la seguridad en los hogares, como también lo hace en administraciones y empresas apostando por la ciberseguridad y la importancia del dato.

Más allá de estas medidas de protección al menor, la LADI supone la plasmación en un texto legal del ambicioso objetivo trazado por el Gobierno andaluz de situar a la comunidad autónoma en la vanguardia de la digitalización, que según Sanz, lejos de ser una opción se ha convertido en una necesidad y una obligación. En el horizonte del año 2030, el Gobierno andaluz aspira a haber eliminado todo rastro del papel en la administración autonómica.

Esta apuesta por la digitalización, aseguró el consejero, está permitiendo convertir a Andalucía en la locomotora de la transformación digital en España y ya hay provincias en las que lo tecnológico se ha convertido en el tercer pilar de la economía. Para alcanzar estos objetivos, explicó, la Junta ya ha invertido 532 millones y la previsión es que en los próximos tres años invierta otros 500 millones de euros.

Sanz aseguró que el texto que se empieza a tramitar con el impulso inicial del Consejo de Gobierno es el de una ley garantista que ofrece derechos y garantías de acceso a la vida digital al tiempo que impone una serie de responsabilidades.

Así, el anteproyecto de Ley pone las bases para luchar contra la brecha digital y ayudar a las personas con menos recursos. En sus principios generales se incluyen, entre otros, la capacitación, la orientación al dato, la personalización, la proactividad, la libertad digital, impulsando el derecho al acceso universal a la tecnología y a la información.

La futura ley facilitará la relación digital con la ciudadanía, garantizando y ampliando sus derechos y estableciendo que el deber de las personas físicas a relacionarse electrónicamente podrá establecerse por la administración de la Junta de Andalucía siempre que esté asegurada la atención personalizada a quienes precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación.