La Junta considerará ilegal la Conferencia de Presidentes si no se aborda la financiación

De momento, sólo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado que no irá a Barcelona. Desde Andalucía, cuyo gobierno suele cuidar con más pulcritud las formas institucionales, nunca se ha llegado hasta ahora a plantear una postura de ese tipo, pero el procedimiento seguido para la convocatoria del viernes puede haber agotado la paciencia en el Palacio de San Telmo.

Este lunes a última hora, la Junta informó de que el presidente, Juanma Moreno, ha remitido una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que pide que incluyan en el orden del día ocho puntos que fueron solicitados por todas las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, un total de 13. Las comunidades ya presentaron su propuesta en la reunión preparatoria de la semana pasada, pero Torres optó por no someterla a votación.

Aunque el reglamento por el que se rige la Conferencia de Presidentes establece que «se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía», estos puntos no fueron insertados en la relación de temas a tratar durante la reunión, convocada inicialmente solamente para abordar la crisis de la vivienda y la formación profesional.

Tras comprobar este extremo, Moreno remitió la carta al ministro Torres reclamándole que revise su posición. Aunque la advertencia no se incluye en la carta, desde la Junta adelantan que si no se modifica el orden del día el Gobierno andaluz considerará ilegal la convocatoria.

Entre los temas que el Gobierno andaluz reclama que se aborden figura la reforma del modelo de financiación autonómica, la inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda.

En el capítulo de vivienda reclama incluir la lucha contra la ocupación y la inquiocupación y solicita también que se aborde el debate sobre un nuevo plan energético, con más seguridad e inversiones técnicas en las redes y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón.

También reclama debatir en torno al control de fronteras y política migratoria, temas que señala que son de competencia exclusiva del Estado.

Asimismo pide que se traten las inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones y que se discuta sobre el déficit de profesionales sanitarios.

También exige que se aborde la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y que se incluya la financiación del primer ciclo de educación infantil.