La Junta considera un nuevo acto de corrupción política la cesión a Cataluña de la recaudación del IRPF

Yendo más lejos, advierte de que constituye un atentado contra el sistema tributario estatal, que se basa en la obligación de todos los españoles a contribuir según su renta, vulnera el principio de subordinación de la riqueza al interés general y cuestiona la capacidad del Estado para planificar la actividad económica, al detraer recursos equivalentes a una quinta parte de todo lo que genera su economía. Todas estas cuestiones, según la Junta, supondría violaciones flagrantes de la Constitución. También considera que se violarían otras disposiciones constitucionales, como la obligada coordinación de las comunidades autónomas con la hacienda estatal, la reserva de competencias que pertenecer en exclusiva al Estado, el principio de solidaridad interterritorial o el principio de estabilidad presupuestaria estatal.

Por ese motivo, el Gobierno andaluz no ha tardado en traducir en iniciativa política el anuncio de su presidente, Juanma Moreno, de que Andalucía se pondrá al frente del rechazo a la cesión a Cataluña del 100 por ciento de la recaudación del IRPF. La portavoz de la Junta, Carolina España, ha considerado un nuevo acto de corrupción política la decisión que el Ejecutivo central y el gobierno de la Generalitat comunicarán este lunes y ha adelantado que la Junta de Andalucía está decidida a ir al Constitucional si si se confirman esas violaciones a la ley fundamental.

España recordó que la Constitución no contempla, fuera de los casos del País Vasco y Navarra, una financiación singular para ninguna otra comunidad autónoma. «Por lo tanto, entendemos que es inconstitucional y que se acudiría al Tribunal Constitucional», advirtió la portavoz, que no obstante matizó que habrá que esperar a leer el texto para decidir los pasos a seguir de ahora en más.

Para la consejera, la cesión del IRPF sólo va a conseguir «que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda» y arremetió contra la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, Maria Jesús Montero, que en su opinión ha mentido, ya que aseguró el cupo catalán no se iba a aprobar. «Una vez más, la ministra que es andaluza ha traicionado a Andalucía porque no ha sido capaz de resolver el problema de la infrafinanciación que tiene Andalucía, que cada año nos cuesta 1.522 millones de euros porque recibimos en Andalucía 1.522 millones de euros menos que la media y sin embargo si va a apostar, si va a ceder y va a consentir una financiación singular para Cataluña», dijo.

También afirmó que el acuerdo que alcanzado para la cesión a la Generalitat de la recaudación del IRPF en su territorio es un tipo de corrupción política, ya que se hace solamente exclusivamente para conseguir los votos necesarios para que Salvador Illa siga siendo el presidente de la Generalitat y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. «Eso también es corrupción política, compra de votos con el dinero y por la financiación de todos», aseguró España.

Además de entender que este acuerdo constituye un ataque a la lealtad institucional que debe regir las relaciones de las haciendas estatal y autonómicas y elude la obligación de coordinar las decisiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Junta de Andalucía considera que la cesión a Cataluña del 100 por cien de sus impuestos supondría que Madrid quede como financiadora prácticamente exclusiva de la solidaridad entre comunidades autónomas y que incluso comunidades que actualmente son beneficiarias de la solidaridad interterritorial pasen a ser contribuyentes. En la actualidad, solamente Madrid, Cataluña y Baleares son aportantes netas al sistema.