La Junta de Andalucía equiparará en 20 semanas los permisos por paternidad y maternidad de sus empleados públicos

Esta equiparación forma parte del acuerdo marco de la Mesa General de Negociación Común para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz 2018-2020 firmado este viernes en el Palacio de San Telmo por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, en un acto en el que también ha participado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano.

El acuerdo marco también establece que la Junta implantará «definitivamente» la jornada de trabajo de 35 horas semanales para todo el sector público andaluz con efecto desde este mismo viernes, y un incremento de las retribuciones de todo el personal en un 1,5 por ciento, que se percibirá ya en la nómina del presente mes de julio incluyendo los atrasos correspondientes desde enero.

Tras la firma del acuerdo, Susana Díaz ha señalado que éste «viene a dar seguridad y estabilidad a Andalucía», que está en una «senda de crecimiento» que se traduce en la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos para «ayudar a nuestra economía», y ha hecho especial hincapié en que el permiso adicional de paternidad de hasta 20 semanas --de la que se podrán beneficiar anualmente en torno a 4.000 progenitores-- es una medida de conciliación «que no hay en ningún otro lugar de España». Así, con esta equiparación, Andalucía cuadruplica el permiso estatal.

El acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público ha sido suscrito por unanimidad por CSIF, UGT y CCOO, y será de aplicación una vez lo ratifique el Consejo de Gobierno y se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en los próximos días. Las medidas acordadas beneficiarán a los 270.000 empleados del sector público andaluz.

Junto a la jornada de 35 horas, otra de las medidas que tendrán «efecto inmediato« será el incremento del 1,5 por ciento de las retribuciones de todo el personal del sector público con efecto retroactivo desde el 1 de enero, subida que se percibirá en la nómina de julio, lo que supondrá la incorporación en la próxima nómina de una media de 211 euros en concepto de atrasos.

Asimismo, una vez lo apruebe el Consejo de Ministros, se añadirá una subida del 0,25 por ciento adicional con efectos de 1 de julio.

Por su parte, en el año 2019 se aplicará una subida fija del 2,25 por ciento, y en 2020 otra más del dos por ciento. A esta cuantía se incorporará cada 1 de julio una subida adicional variable del 0,25 por ciento en 2018; del uno por ciento en 2019, y del 1,25 por ciento en 2020, de modo que en el periodo 2018-2020 los empleados públicos se beneficiarán de un incremento del 7,25 por ciento en sus retribuciones, pudiendo llegar al 8,79 por ciento por aplicación de los fondos adicionales; ya que el acuerdo también contempla la generación de fondos adicionales hasta el máximo de lo permitido por la legislación estatal, equivalente al 1,35 por ciento de la masa salarial para atender sectores considerados de especial relevancia.

Estos fondos adicionales dedicados, entre otros destinos, a la recuperación de la carrera profesional en la sanidad, a la implantación de la Oficina Judicial o al desarrollo de un complemento específico en el ámbito docente, podrán suponer un incremento retributivo a concretar y definir en la Mesa Sectorial de Negociación correspondiente.

Además, por primera vez desde el año 2012, Andalucía generará empleo neto en el ámbito del sector público. En 2018, se ampliará la tasa de reposición del 100 por cien a todos los sectores --hasta ahora limitada a educación y sanidad--, y se sumará un ocho por ciento adicional para el refuerzo de plantillas.

En 2018, se convocarán 8.326 plazas de empleo público, de las que 3.618 serán para sanidad y 2.397 para la Administración general, a las que se suman las 2.321 de educación cuyo procedimiento selectivo «se está ultimando en estos días«.

Asimismo, se aprobará un nuevo decreto de oferta de empleo público extraordinaria, con otras 3.575 plazas para el presente año, elevando a 40.690 las plazas extraordinarias para la estabilización del empleo entre 2018 y 2021, por encima de las 37.115 previstas inicialmente.

Además, en materia de conciliación, el personal del sector público dispondrá de una bolsa de horas de libre disposición, acumulables entre sí y recuperables, de hasta un cinco por ciento de su jornada anual, para la atención de personas del entorno familiar, una medida que Andalucía amplía para el cuidado de hijos sin límite de edad y a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se generaliza la percepción del 100 por cien de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad, y, además, la Junta también va más allá del acuerdo estatal con la reducción de la jornada laboral para el personal que se incorpore a su puesto tras finalizar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento de especial gravedad.

El acuerdo incorpora el compromiso de seguir trabajando en ámbitos como la implantación del teletrabajo en algunos sectores, la finalización de la jornada a las 18,00 horas y propiciar la desconexión digital y de las tareas del puesto de trabajo durante el tiempo de descanso de los empleados públicos.

La presidenta de la Junta ha destacado que, en líneas generales, el nuevo acuerdo completa y «mejora» el estatal del 9 de marzo de 2018 para la mejora del empleo público, llevando al máximo lo que permite la legislación, incorporando medidas innovadoras en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral y avanzando en la creación de nuevos empleos en el sector público, y ha hablado así de «buen día para la sanidad, educación y servicios públicos en nuestra tierra».

Susana Díaz ha defendido que, «cuando uno quiere estimular la economía, se equivoca» impulsando «medidas austericidas» que se han demostrado «ineficaces» y han provocado «mucho daño», y ha apuntado que, «en próximas semanas», esperan «presentar otros acuerdos» relativos a los entes instrumentales con el mismo fin de mejorar las condiciones de los trabajadores.

Por su parte, el coordinador del área pública de CCOO-A, Humberto Muñoz, ha definido este acuerdo como «un importante paso cualitativo y cuantitativo en el proceso de recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos andaluces durante la crisis», y ha defendido que «invertir en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público es avanzar en el desarrollo de servicios públicos y el bienestar de los andaluces».

El secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A, Antonio Tirado, ha hablado de un «día de satisfacción» y ha destacado el carácter «pionero» de este acuerdo «magnífico», tras lo que ha expresado su esperanza en que «muchas» comunidades autonómicas «se miren en el espejo de Andalucía» para lograr acuerdos similares.

Finalmente, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, también ha hablado de «día histórico e importantísimo para el sector público andaluz y sus empleados», que pone «punto final a duros años de recortes» para el colectivo y vuelve a situar a dicho sector como «motor de la economía andaluza». Además, ha aseverado que este acuerdo beneficia «al conjunto de la sociedad andaluza».