La Junta acusa a Sánchez de «hechos xenófobos» en el reparto de menores y de alentar actos como la valla de El Ejido

«Combato los comentarios xenófobos pero también los hechos xenófobos, y lo que está haciendo el Gobierno de España con la migración, de la que no quiere saber nada y sobre la que no aplica sus competencia, es un hecho xenófobo», sostiene Loles López. «Vemos cómo reparte niños como mercancía en función de sus intereses», apostilla la consejera.

La consejera andaluza lamenta igualmente que las comunidades autónomas «no sepamos» las cifras de menores migrantes que ya tienen acogidos cada una de ellas y que el Gobierno practique en esta materia la «imposición en vez del diálogo». «Somos una tierra solidaria, pero el Gobierno de España ha trasladado ya a Andalucía, por la puerta de atrás, 634 niños bajo la apariencia de mayoría de edad. Informado esto por la Fiscalía. Con lo cual, cuando alguien dice que Cataluña tiene más migración o que el País Vasco es frontera norte y Andalucía no es frontera sur, lo que nos queda claro es que el interés de Sánchez no es el del menor».

Loles López acusa al Ejecutivo central de «reventar unilateralmente» el acuerdo de 2022 de todas las comunidades autónomas en materia de migración y menores. «Y lo ha hecho para seguir en el sillón. Cataluña exigió que ellos migrantes, ninguno; lo mismo que el País Vasco». Sobre los 27 menores que recientemente se ha anunciado que vendrían a Andalucía procedentes de Ceuta, la consejera defiende que, en este caso, la situación ha sido «organizada, planificada y trabajada» con el Ejecutivo ceutí en virtud al acuerdo firmado entre ambos Gobiernos.

«Eso es lo que echo de menos del Gobierno de España. Ceuta actuó como actuamos las comunidades autónomas, con sentido: llamó y nos preguntó a cuántos niños podíamos atender en base al convenio que tenemos. Ése es el ejemplo más claro de que queremos seguir siendo solidarios», sentencia la titular andaluza de Inclusión Social.

En relación con el reparto de menores, este pasado mes de junio, el Consejo de Gobierno autorizaba al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

«El objetivo de Andalucía es garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos», argumentaba el Gobierno de Juanma Moreno. La Junta de Andalucía considera que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al «imponer criterios de reparto no equitativos».

Por otro lado, el Gobierno andaluz cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española.