Las inaceptables propuestas de Vox frenan el pacto del cambio en Andalucía

Las inaceptables propuestas de Vox frenan el pacto del cambio en Andalucía

La formación de Abascal plantea la derogación de leyes de género, la expulsión de inmigrantes irregulares y recortar la autonomía andaluza

M. D.TORTOSA /NURIA VEGA SEVILLA /MADRID.

Vox ha puesto contra las cuerdas al Partido Popular y por primera vez desde las elecciones del pasado día 2 de diciembre el cambio político en Andalucía peligra. Así lo admitían anoche sin paños calientes fuentes del PP andaluz cuando al concluir la reunión con Vox las peticiones de este para dar su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta andaluza seguían siendo «inasumibles» para los populares. Vox planteó en la reunión con el PP -concertada para garantizar la investidura con cierto protagonismo del partido de Abascal- un glosario de peticiones extremistas que van desde la derogación de leyes para la igualdad, contra la violencia de género y la protección de homosexuales, hasta la expulsión de 52.000 inmigrantes indocumentados y el vaciamiento autonómico con la reversión al Estado de las competencias de sanidad, educación y justicia, entre otras.

«Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar», censuraron fuentes oficiales de la dirección. La reunión entra las dos delegaciones políticas terminó pasadas las 22.30 horas sin acuerdo. Las conversaciones lideradas por los secretarios generales del PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, continuarán hoy, según fuentes populares. Un portavoz de Vox, Iván Espinosa, lanzó un mensaje conciliador: El documento, dijo, es una petición de máximos para un acuerdo de mínimos.

La explicación concede cierta esperanza al PP en Andalucía, aunque no era así al comienzo de la reunión. La cita comenzó a las cinco de la tarde y media hora después Vox colgó en las redes sociales su documento con las 19 exigencias para votar la investidura del candidato popular. La reacción en el PP andaluz fue de desolación. «Vox está bloqueando el cambio en Andalucía. Ahora mismo hay más alegría en las sedes del PSOE que entre los votantes de Vox en Andalucía», expresó la secretaria general del PP andaluz, Loles López Gabarro.

Mientras a puerta cerrada el PP intentaba reconducir las conversaciones, cargos conservadores de otros territorios se apresuraron a desmarcarse de las propuestas de Vox. «En esos términos no podemos hablar»; «no quieren pacto, quieren nuevas elecciones»; «yo me habría levantado del encuentro hasta que reformulen su condiciones». Y hubo consenso en que la «jugada» no le había salido mal a los de Abascal: un día de publicidad a su programa electoral.

Vox comienza el documento con la exigencia al futuro presidente de la Junta de una declaración institucional a favor de la apertura de un proceso nacional para la devolución de las competencias de sanidad, educación y justicia al Estado. El texto glosa otras propuestas con el mismo objetivo de vaciar a la Junta de Andalucía de competencias ligadas a su conquista de una autonomía histórica.

La Reconquista

Incluye la supresión de organismos como la Agencia Tributaria de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía y las oficinas de Extenda en el extranjero de ayuda a las empresas exportadoras al entender que sus funciones deben ser integradas en los organismos nacionales de las mismas características. Entre las más simbólicas de este calado figura que el día de Andalucía pase del 28 de febrero, cuando se conmemora el referéndum de la autonomía, al 2 de enero, día que se festeja en Granada la toma de la ciudad por los Reyes Católicos y que en el lenguaje de Vox significa «en conmemoración de la culminación de la Reconquista». Una palabra que el partido de Abascal utilizó en sus eslóganes de la campaña para decir que la reconquista empezaba por el sur.

En el texto, Vox aborda asuntos sociales, económicos y políticos. Uno de los más controvertidos tiene que ver con la inmigración. Propone la colaboración con las fuerzas de seguridad para expulsar a las personas sin papeles y cifra en 52.000 los irregulares que podrían ser obligados a abandonar el país si la Junta de Andalucía no «encubriera» su identidad y la compartiera con la Policía. Alude sin explicar al hecho de que la Junta de Andalucía mantuvo la asistencia sanitaria a los sin papeles cuando el Gobierno del PP la suprimió. El partido de Abascal también exige la eliminación de subvenciones a asociaciones islámicas y de ayudas a los inmigrantes indocumentados, que llama «ilegales».

Los puntos más complicados son los referidos a la derogación de las leyes de género. Reclama que la ley contra la violencia de género sea sustituida por una ley de violencia doméstica «que no prejuzgue el sexo del agresor»; Sobre la ley de igualdad, que también exige su eliminación, dice que «interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a la mujer»; Justifica la supresión de la ley de protección a gay y lesbianas en que la Constitución ya les protege y «España no es un país homófobo que necesite leyes».

Asimismo exige la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática porque «impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia».

La censura a las leyes de género era uno de los puntos más complicados para el PP. Durante días el equipo de Pablo Casado se ha esforzado por crear un clima propicio que favoreciera el acuerdo con Vox. El líder de los populares aseguró ayer que no estaría de acuerdo con una norma que «discrimine por género». Reiteró, además, que es compatible mantener el pacto contra la agresiones a la mujer y legislar para proteger a las víctimas de la «violencia doméstica». Niños, ancianos y parejas homosexuales, apuntó, que pueden sufrir en el entorno familiar. Lo dijo en la misma entrevista en Onda Cero en la que defendió que el discurso de los de Abascal, «por ahora», está dentro de la Constitución. El documento de ayer deja dudas al respecto a algunos dirigentes del PP.

Las mismas voces aconsejan no infravalorar a la extrema derecha como adversaria. Creen que tras el documento de ayer había una campaña bien diseñada que les recordaba a la de Donald Trump en EEUU. «No tienen nada que perder», añadieron otras fuentes populares.

En el texto se recogían, de hecho, propuestas de lo más variopintas. La creación una consejería de Familia y Natalidad; la implantación de un «PIN parental» para que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas «con carga ideológica o moral contraria a su convicciones»; y la promoción de normas de protección de la tauromaquia y las tradiciones.

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