La Guardia Civil apunta a «negligencia» del dueño de unos mulos como causa de la muerte de un joven de 25 años

Según indica el informe, y ha confirmado el abogado de la acusación particular, José Luis Orta --que ha solicitado para este hombre cuatro años y medio de cárcel por homicidio imprudente de carácter grave, así como seis meses por lesiones de la madre, y faltaría la calificación y escrito de acusación del Ministerio Fiscal--, el investigado contaba con «más infracciones administrativas en cuanto a los incumplimientos legales de la guarda y custodia de animales equinos a su cargo», así como «la comisión de otros dos delitos».

Indica el informe que los agentes actuantes tras el accidente --tanto del GIAT, como del grupo de Tráfico de la Guardia Civil de La Palma del Condado y miembros del Seprona-- realizaron diferentes gestiones a fin de resolver la procedencia de estos animales y las causas que llegaron a provocar que se cruzaran en el paso del vehículo accidentado.

De este modo, en la inspección encontraron, a 400 metros del lugar del accidente --en línea recta--, en el término municipal de Bonares, una finca de «uso agrícola y ganadero» que se encontraba cerrada en su parte delantera y «con un rudimentario cerramiento en su parte posterior, con claros síntomas de abandono e inefectividad por su disposición, de forma que pueda impedir la salida de los animales».

Así las cosas, tras las investigaciones, los agentes «constataron» que la propiedad pertenecía al investigado, una persona que «se dedica a la trata, cría y explotación de ganado equino de diferente tipo», que se encontraba «desde hace una semana con muchos de los animales en la Feria de Sevilla». Al mismo tiempo, comprobaron la identificación de los animales, mediante la lectura del microchip, para esclarecer la identidad del propietario y aparecían vinculados a una sociedad de Madrid, cuyo representante indicó a los agentes que esos mulos habían sido vendidos al actual propietario.

Por todo ello, los agentes se pusieron en contacto con el investigado que manifestó «encontrarse trabajando en la Feria de Sevilla» y que los animales «no eran suyos», por lo que «desatendió todo tipo de requerimientos, así como responsabilizarse del enterramiento e incineración de los dos animales fallecidos» y «colgó el teléfono y apagó el dispositivo durante las siguientes 48 horas», aunque pasados esos dos días contactó para «admitir ser el propietario».

Tras la actuación el informe policial concluye que los animales se encontraban «sueltos, sin custodia» y que «irrumpieron en la vía», lo que «provocó el fatal siniestro vial y la muerte de una persona que circulaba con por una vía abierta al tráfico con su vehículo» y señala que «sin lugar a dudas» los animales pertenecían al investigado desde 2021 «si bien éste no ha culminado el asiento de cambio de titular».

Asimismo, indica que «el hecho de que los animales llevasen varios días sin cuidado, aparentemente sin alimentación y agua, así como la inconsistencia del cercado, les han hecho empujar y salirse del recinto, pudiendo tener libertad total de movimiento, que ha derivado en la irrupción en la carretera cercana, una carretera autonómica con abundante tráfico, más aún en esta época del año por el cultivo de frutos rojos, provocando el siniestro vial de tan fatal desenlace».

Por todo ello, el informe hace mención a que el investigado ha sido «extremadamente negligente» y «despreocupado de sus obligaciones» con respecto al cuidado, guarda y custodia de los animales, «con multitud de episodios, incidentes y situaciones en las que animales a su cargo han producido daños en las cosas y peligro, respecto a la seguridad vial, al haberse adentrado en carreteras y zonas de tráfico abierto, sin custodia y de forma descontrolada», remarca el informe.

El abogado de la acusación particular ha señalado que con la documentación recibida «se confirma que estamos ante un asunto penal grave, tipificado como homicidio imprudente de carácter grave, diferenciándolo del homicidio, imprudente de carácter leve, entre otras cosas porque la pena a aplicar es superior y puede llegar a cuatro años de cárcel de máximo». Este caso, considera que «reúne todas las características propias para imponer la pena máxima que marque la ley, aunque nunca supondrá igualar la pérdida de una hija de 25 años en la flor de su vida».