El Gobierno pide a Andalucía que «rectifique» como hizo Madrid con la financiación del transporte

Este martes se desató la polémica política tras anunciar la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la recepción de una carta del Ministerio de Fomento anunciándole la retirada de la financiación para este sector de la población, que asume el 100% la Administración del Estado, por el hecho de que ella en un acto público presentó este lunes esta medida como exclusiva de la Administración autonómica y sin aludir a la financiación estatal que hay detrás de ella.

En una rueda de prensa en Granada, Fernández ha recriminado al Gobierno andaluz que su reacción esté siendo «todo lo contrario» ante ese anuncio que hizo Rocío Díaz este martes de emprender «acciones, incluso, penales» contra el Ministerio por esa decisión de congelar la financiación estatal por el hecho de que el Gobierno andaluz incumplió una obligación que establece ese Real Decreto-ley en su artículo 14.

Ese artículo 14 establece que «las comunidades autónomas o entidades locales que sean beneficiarias de estas ayudas deberán hacer llegar al usuario de los servicios de transporte información de que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».

Ese artículo esgrime el Ministerio para «revocar», como ha dicho este miércoles el delegado del Gobierno, la financiación que traspasa a Andalucía para ese propósito.

Fernández se ha lamentado de que la Junta de Andalucía «en lugar de reconocer que, efectivamente, ha infringido la norma y pedirle al Ministerio cómo se puede o no reconducir esta situación, amenaza, culpa al Gobierno de España y le amenaza, además, con denuncias penales».

Ha esgrimido aquí el precedente vivido del mismo calado con la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno regional ha indicado que «rectificó, hizo una rueda de prensa y dijo claramente que había sido un error y que la financiación, efectivamente, era del cien por cien del Gobierno de España y hubo una reconducción, se recondujo la situación».

Ha explicado que el paso lo ha dado una Dirección General del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Movilidad Sostenible, para trasladar a la Consejería que «ha infringido» el Real Decreto-ley y de ese momento «el trámite de la revocación de esas ayudas está iniciado», aun cuando ha precisado que «no está la resolución todavía» que respalda la medida que se anuncia en la carta dirigida a la Junta.

Fernández ha reprochado al Gobierno andaluz que «en lugar de intentar enmendar esa situación corrigiendo esa deslealtad institucional», el paso que ha dado es el contrario, «profundizar en una irresponsabilidad máxima, a la que ya nos tiene acostumbrados».

Ha reivindicado que este caso no es el primer episodio de atribución de una financiación por parte de la Junta de Andalucía por cuanto ha blandido que «son muchas las líneas de financiación de ayudas que se ocultan bajo el título de tarjeta joven».

Ha afirmado que «nadie le impide a la Junta de Andalucía que apruebe esa tarjeta y establezca la gratuidad del transporte», por lo que se ha reafirmado que «no le estamos impidiendo que lo haga».

«Lo único que estamos diciendo es que ha incumplido una norma y tiene unas consecuencias», ha proseguido argumentando el delegado, quien ha censurado a la Administración autonómica que «en lugar de defender el interés general, en este caso, de los más jóvenes de Andalucía, se pone a recriminarle al Gobierno de España, que yo incumplo y encima tú me hables un expediente».

Fernández ha asegurado que en su caso «lo que yo haría sería sentarme con las personas responsables del Ministerio y preservar siempre el interés general de los andaluces, en este caso de los menores, para conseguir unos fondos económicos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas cumpliendo el Real Decreto ley».

«Lo único que tienen que hacer es cumplir el Real Decreto ley», ha apostillado en este sentido, para inferir que esta actitud es «una irresponsabilidad máxima, es cinismo puro y duro».

El delegado del Gobierno ha apelado a la necesidad de que la Junta de Andalucía «busque a ver cómo se puede reconducir esa situación» para evitar perjudicar a los menores de hasta catorce años.

«La vía no es la de la confrontación una vez más y la de la amenaza de llevar a los juzgados», ha afirmado Fernández, convencido de que «esa no es la vía porque quien incumple la ley es la consejera».

El delegado del Gobierno ha reivindicado que el Real Decreto Ley 1/2025 vuelve a aprobar ayudas de bonificaciones al transporte y que para «los menores de hasta 14 años hay un 100% de la bonificación a cargo del Gobierno de España, 100% de la bonificación del transporte urbano y metropolitano», precisando que hablamos de «los títulos multiviajes, es decir, los abonos».

«Y después un 20% para el resto, que sí obliga en el Real Decreto Ley que las comunidades autónomas apliquen un 20% más adicional», ha explicado.

Ha defendido que esa comunicación de las ayudas estatales responde al mismo esquema de la financiación comunitaria por cuanto en esos casos «Europa exige que toda la comunicación visual, auditiva, del tipo que sea, oral, de las ayudas, siempre lleve la identificación de quien financia».

«En este caso concreto hay una flagrante infracción por parte de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, la señora Rocío Díaz, porque expresamente habla de la tarjeta joven y de la gratuidad a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, que es como viene establecido en el Real Decreto Ley, habla de la tarjeta joven y, por lo tanto, de la gratuidad hasta 14 años, pero obvia, no dice, no nombra que esa financiación es una financiación que proviene al 100% del Gobierno de España», ha remachado su reproche al Gobierno andaluz.