El gobierno del cambio echa el ancla

El gran éxito de Vox con su órdago al bipartito con el veto a sus primer Presupuesto es haber logrado que Ciudadanos acepte que la formación ultraconservadora forma parte de la alianza del cambio. Cs ha claudicado al renunciar a su principal línea roja de no sentarse con Vox ni acordar nada con esta formación. Hace cinco meses huía no solo de la foto, sino de un documento en el que apareciera su logo ligado al de Vox, como aparece en el de los 34 puntos firmado. Esta claudicación, no obstante, se ha minimizado por la política de pactos municipales del ámbito nacional, sobre todo el de Madrid, en el que Cs ha aceptado la participación de Vox en el acuerdo que ha reforzado a Pablo Casado como líder del PP. La exportación de la fórmula andaluza a los acuerdos locales y autonómicos en otros territorios quitará foco a los naranjas de Marín y de paso también al Ejecutivo andaluz. Cs confía en que los parámetros económicos, como la creación de empleo y las inversiones industriales, sigan marchando bien en Andalucía. No ponerle trabas al crecimiento económico con la estabilidad política han sido las razones esgrimidas por los naranjas para aceptar la foto del jueves.

Ciudadanos, sin embargo, puede ser al que más le cueste la factura del pacto con Vox sobre las cuentas andaluzas. No solo porque algunas de las partidas que cambian afectan a sus políticas, sino por el simbolismo de las mismas. El acuerdo contempla restar 600.000 euros de las ayudas para la atención de inmigrantes y pasarlas a gasto para nuevas construcciones en la administración de Justicia. Ambas materias se gestionan en la macroconsejería del vicepresidente, Juan Marín. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha declarado su preocupación por el recorte en fondos y ha pedido una reunión urgente al Gobierno andaluz.

También las exigencias de Vox afectan a Empleo, área bajo competencias de Cs. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acogió a los casi dos mil empleados de la extinta Faffe. Vox ha logrado que el bipartito decida acometer una reestructuración del sector empresarial público, agencias y fundaciones, para lo que se destina más de 15 millones de euros entre este ejercicio y el próximo y que abre la puerta a que acabe en despidos de algunos o muchos de sus empleados.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, aseguró que se buscarán fórmulas legales con oposiciones incluidas para darles una salida dentro de la administración a los laborales de las agencias o fundaciones que se vayan suprimiendo o aglutinando, también a los de la Faffe, fundación extinta con varios casos de corrupción en los tribunales. También dijo que los cambios se harán de acuerdo con los representantes sindicales. Los sindicatos, sin embargo, ya han amenazado con ponerse en pie de guerra contra la Junta. Más de seis mil personas trabajan en lo que el PP acuñó como administración paralela en 2010 cuando, en la oposición, exigía al PSOE su desmantelamiento. Ahora en el Gobierno, el PP no lo ve de la misma manera, pero Vox le compró un discurso que ahora se le ha vuelto en contra.

Otro de los asuntos del documento que puede acarrear polémica y afectan a Cs es el de incluir el término de 'violencia intrafamiliar' en la política y el presupuesto de la Junta de Andalucía, cuyas competencias están en otra consejería del partido naranja. Vox, como dejó claro su portavoz, Alejandro Hernández, considera que la violencia contra las mujeres por sus parejas no debe diferenciarse ni tener distinto tratamiento presupuestario ni judicial de las de otras del ámbito familiar.

PP y Cs discrepan de ello y aseguran que la aceptación de poner en marcha un teléfono de violencia intrafamiliar no es claudicar ante Vox y que no habrá menoscabo en los fondos de lucha contra la lacra de los malos tratos. Vox, no obstante, ha logrado colar una cuña de imprevisible consecuencias en las políticas contra la violencia machista hasta ahora con una gran unanimidad de los partidos en España. Igual reflexión merece el que el informe de impacto de género se le llame a partir del próximo año de igualdad entre hombres y mujeres. El cambio de términos no es lo importante, pero sí si estos significan distinto para cada partido porque Vox ha dejado muy claro su posición contraria a las políticas de igualdad. La Junta, por cierto, ya tiene teléfonos de ayuda a menores y ancianos que sufren maltrato.

Las dificultades que encontrará el bipartito en el desarrollo de las exigencias de Vox no parece que nublen el horizonte de una legislatura tranquila para el Gobierno del cambio. Quienes preveían que la alianza de PP y Cs zozobraría a corto o medio plazo se han equivocado. Esta era la percepción del PSOE andaluz, cuya secretaria general, Susana Díaz, ha alimentado la vía del fracaso del bipartito por la dependencia de Vox. Confiaba en que los de Albert Rivera acabarían rompiendo con el PPtras varios fracasos del Presupuesto. De hecho, ha planeado su estrategia de recuperación de la Junta con esta variable de que Cs iba a volver a ser su apoyo en un futuro no lejano. No parece que vaya a ser así. Susana Díaz deberá cambiar de estrategia no solo porque el argumento constante de la inestabilidad del Gobierno PP-Cs carece de credibilidad. Vox seguirá apoyando al bipartito. Pero también porque Cs ha marcado una ruta en la que no parece querer reencontrarse con los socialistas en ningún otro pacto, tampoco en Andalucía. Haber permitido el gobierno del PSOE en Jaén responde más a su propio interés en esta provincia, en la que el PP le arrebató alcaldías y concejales en el pasado mandato.