La futura Ley de la Ciencia aspira a potenciar el ecosistema investigador

La ley, que ya tramita la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, se marca como objetivos fomentar la I+D y su transferencia para generar conocimiento y liderazgo científico en la comunidad, así como mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y promover la calidad de las infraestructuras y equipamientos estratégicos de su ámbito.

El documento inicial de la futura norma prevé incrementar la inversión tanto pública como privada en I+D con el fin de acercar a Andalucía a la media nacional y europea, además de favorecer el desarrollo progresivo de la Compra Pública de Innovación.

La ley establecerá mecanismos que promuevan la investigación en todos los ámbitos y áreas de conocimiento y fijará el apoyo a la creación y consolidación de centros de I+D con el aumento de los niveles de transferencia del conocimiento, especialmente entre la universidad y la empresa, aspecto clave para reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más sostenible, según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Además, se prestará especial atención al fomento de la investigación y la innovación en las pymes, que aglutinan el 98% del tejido empresarial andaluza, para incrementar la competitividad de la actividad económica de la comunidad.

La norma también impulsará la atracción de talento y la internacionalización de su sistema científico y tecnológico, por lo que el nuevo marco regulatorio incluirá políticas y programas que faciliten la movilidad de investigadores y la participación en proyectos internacionales. Asimismo, incorporará iniciativas para favorecer la estabilización de las plantillas dedicadas a la I+D, la renovación generacional y el incremento de personal.

De igual modo, prevé la promoción de la divulgación y la cultura científica en la sociedad andaluza, por lo que impulsará la puesta en marcha de programas dirigidos a ello con la organización de eventos de esta índole, la creación de espacios de participación ciudadana en la ciencia y fomentando la educación científica desde edades tempranas.

Con la ley se dará respuesta también a las medidas incluidas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito con los agentes socioeconómicos el pasado año, en especial aquellas dirigidas a impulsar políticas de I+D que contribuyan a consolidar una economía basada en el conocimiento.

El Gobierno andaluz sostiene que Andalucía es la tercera comunidad que más recursos invierte en I+D, alcanzando la inversión en 2022 un montante de 1.890,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,03% con respecto a 2021, más del doble de la tasa de crecimiento experimentada en ese ejercicio. Esa subida es, además, la mayor desde el año 2007, según resalta el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos.

Andalucía cuenta actualmente con 28.518 personas que trabajan en el ámbito de la I+D, entre personal investigador, técnico y auxiliar, lo que supone una subida del 5,45% más con respecto a 2021.