Así se fraguó el acuerdo de Doñana

Formalmente, las negociaciones que dieron lugar a una solución de consenso entre dos administraciones que hasta ese momento había sostenido posiciones antagónicas sobre la actividad agrícola en el entorno del Parque Nacional comenzaron el 3 de octubre. Ese día, ambos protagonistas convocaron inesperadamente a la prensa en Sevilla en un acto que pareció improvisado pero que en realidad había estado precedido de una larga negociación previa.

Todo se había iniciado algunas semanas antes. Concretamente, el viernes 15 de septiembre poco antes de las ocho de la tarde, cuando en el teléfono del presidente de la Junta se recibió una llamada de la vicepresidenta Ribera.

Hasta ese momento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España habían protagonizado una polémica muy subida de tono en la que Ribera había llegado a llamar a Moreno «terrorista ambiental» y, recurriendo al tópico, «señorito». El presidente de la Junta tampoco eludió la tentación del estereotipo cuando acusó a la vicepresidenta de tomar decisiones sobre Andalucía alejada del territorio y desde un ático de La Castellana. El desencadenante era la proposición de ley impulsada en el Parlamento de Andalucía que propugnaba una recalificación del suelo en favor de terrenos de regadíos que no habían sido considerados como tales en el Plan de la Fresa aprobado en 2014.

Aquella iniciativa legislativa, impulsada tanto por el PP como por Vox en la Cámara autonómica, había levantado todas las alarmas en Bruselas. Sobre España pesa una condena dictada en 2021 que la obliga a restaurar el acuífero que nutre al Parque Nacional y la proposición de ley, aunque no hablaba de agua sino de calificación del suelo y preveía sólo el riego con aguas superficiales, iba en la dirección contraria.

El impulso a la norma, que beneficiaba a cientos de agricultores de la zona, había permitido al Partido Popular obtener unos resultados inéditos en la provincia de Huelva, donde en mayo de este año consiguió ganar por primera vez la Diputación Provincial. Sin embargo, el desenlace de las elecciones generales, con el fracaso de la investidura de Núñez Feijóo y la por entonces previsible continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa, llevaba la situación a un callejón sin salida.

La ley iba a ser aprobada el 28 de septiembre e inmediatamente recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Aquel escenario no convenía a nadie, tampoco a las expectativas electorales futuras del PSOE en Huelva, pero la situación estaba bloqueada.

Todo se empezó a destrabar aquel viernes 15 de septiembre cuando sonó el teléfono de Juanma Moreno. La vicepresidenta Teresa Ribera quería pactar una solución. El presidente de la Junta aceptó de inmediato.

Los encargados de poner en marcha la maquinaria negociadora iban a ser el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, también portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que esa misma noche del 15 de septiembre ya se pusieron en contacto.

La voluntad compartida de encontrar una solución pactada se encontró con una dificultad inicial que explica bien cómo funciona a veces la política. Ambas partes consideraron que lo primero era acordar cómo presentar ante la sociedad la salida de aquella situación de enfrentamiento. Los primeros días, la negociación giró en torno a eso. La puesta en escena. Cómo, con quién y dónde se presentaría el armisticio. Para la Junta era importante que fuera la vicepresidenta del Gobierno quien se trasladara a Andalucía, como finalmente sucedió. La paz se firmó públicamente el martes 3 de octubre por la tarde en el Palacio de San Telmo.

Pero antes de que el inicio de las negociaciones tomara estado público, fue necesario dar otros pasos cubiertos por la máxima discreción. Uno de ellos fue la conformación de los equipos negociadores. Por el lado del Gobierno, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez; Emilio Rodríguez, también de la CHG; la directora general de Biodiversidad, María Jesús Rodríguez de Sancho, y Miguel González Suela, subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica.

Por la Junta, el mando lo tomaron, junto a Fernández-Pacheco, los consejeros de Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, y de Agricultura, Carmen Crespo. El primero aportaría su experiencia negociadora y la segunda, el conocimiento del sector agrícola. Junto a ellos trabajaron el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, y la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera.

Hubo también un paso previo a la escenificación del inicio de las negociaciones. El PP tenía que paralizar la aprobación de la ley, pero debía hacerlo sin levantar sospechas de que la Junta había comenzado a negociar con el Gobierno. La coartada la ofreció el fallido debate de investidura de Núñez Feijóo. El miércoles 20 de septiembre, cinco días después de la llamada de la ministra, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, anunció que el debate final de la polémica ley no iría al pleno de la semana siguiente para que no coincidiera con la agenda nacional. El camino ya quedaba expedito para la negociación.

Desde el primer momento se pusieron las cartas sobre la mesa. La Junta expuso que la solución debía convencer a los agricultores excluidos del Plan de la Fresa, con quienes Moreno se comprometido a solucionarles su problema. Desde el Gobierno adelantaron que habría dinero. Pedro Sánchez no pondría cortapisas a la hora de aportar fondos, pero era necesario encontrar una fórmula que no pudiera leerse como una compensación a quienes había violado la ley explotando ilegalmente el acuífero. Cualquier tipo de amnistía debía quedar descartada y tendrían que incluirse otras cuestiones, como las condiciones de vida de los temporeros.

El Gobierno de España propuso que el mecanismo fuera similar al utilizado para la reconversión del Mar Menor. No fue el único modelo puesto sobre la mesa, también se recurrió a lo aplicado en Asturias para el cese de actividad minera del carbón.

Las reuniones fueron prácticamente diarias y sólo se vieron interrumpidas por una viaje de varios días a África de Hugo Morán. La mayor parte se celebraron en Sevilla y la tardanza en llegar a un acuerdo no obedeció a diferencias de fondo, sino a la dificultad de encontrar una fórmula jurídicamente irreprochable que permitiera compensar a los agricultores que abandonaran su actividad. Ni siquiera hubo regateo de cantidades. El Gobierno empezó ofreciendo 50.000 euros por hectárea y rápidamente subió a 70.000. La Junta y la Diputación de Huelva aportarían los 30.000 restantes para que en los cinco municipios de la corona norte se les pudiera ofrecer a los agricultores una cifra por hectárea que colma sus expectativas.

La Abogacía del Estado y los Servicios Jurídicos de la Junta cruzaron cientos de papeles. Se barajaron la expropiación y la compra de suelo hasta que se acordó el mecanismo del acogimiento voluntario a una compensación por renaturalización forestal de los suelos.

Ambas partes tenían prisa por llegar a un acuerdo. La Junta temía que tras la investidura de Sánchez, un cambio en el equipo de Ribera, su eventual salida del Consejo de Ministros o la entrada de Sumar en ese departamento frustrara todo lo avanzado. La continuidad de la vicepresidenta, que por su parte deseaba marcharse a la COP 28 de Dubai con los deberes hechos, fue leída con alivio en el Gobierno andaluz.

La solución no se alcanzó hasta el jueves 23 de noviembre por la tarde, cuando ya se había sobrepasado en dos semanas el plazo inicialmente fijado. El viernes, la Junta lo puso en conocimiento de los agricultores, que lo aprobaron en una asamblea multitudinaria dos días después. Ese domingo, el Gobierno andaluz convocó a los medios gráficos para que el lunes por la mañana fotografiaran a primera hora a Moreno y a Ribera, insultos y descalificaciones olvidadas, en pleno Parque Nacional. Sería la imagen del punto final a una crisis que enfrentó al Gobierno y a la Junta durante más de un año y medio. Habrá otras, pero esta ya ha sido cerrada.