Fomento repara en 2024 más de medio millar de viviendas públicas dañadas por vandalismo, ocupación y mal uso

Según los datos facilitados por el departamento que dirige Rocío Díaz, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha desarrollado 111 actuaciones con una inversión de 1,3 millones de euros para efectuar todas estas reparaciones, que se han repartido en 48 municipios andaluces.

Los casos en los que ha intervenido la Agencia han sido desde viviendas vandalizadas hasta viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y dañadas. También hay casos de adecuación de una vivienda para su entrega a nuevos usuarios.

En materia de vivienda pública, recientemente, el Consejo de Gobierno ha abordado la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda destinada a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible (FPA 2025).

La dotación de esta convocatoria de ayudas asciende a 38,3 millones de euros y la Junta de Andalucía ha explicado que ya se habían presentado solicitudes procedentes de cinco provincias (Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla) para la construcción de 1.237 viviendas repartidas en 17 promociones, según una nota del Gobierno andaluz.

La Consejería de Fomento abrió a finales del año pasado un plazo para adscribirse al programa y solicitar las ayudas, que sufragan una parte importante de su construcción. En ese proceso ha recibido peticiones para la construcción de viviendas en Aguilar de la Frontera (Córdoba), Cúllar (Granada), Almuñécar (Granada), Huelva, Punta Umbría (Huelva), Málaga, Sevilla, Martín de la Jara (Sevilla) y Dos Hermanas (Sevilla).

Posteriormente, se firmaron los acuerdos bilaterales entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los promotores públicos y privados para la construcción de las 1.237 viviendas a través de este Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler. La convocatoria de ayudas se desarrolla por concurrencia no competitiva, que el Gobierno andaluz ha presentado como la vía para tener «un mecanismo más ágil de concesión de las solicitudes».

El Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler o Cesión de Uso se puso en marcha por primera vez en 2019 y desde entonces tiene convocatorias anuales. La Junta ha asegurado que «las subvenciones ayudan a la reactivación de la vivienda protegida en alquiler» y que de igual forma «también supone un estímulo a la economía andaluza».

En este sentido esgrime que la construcción de estas promociones tendrá un efecto multiplicador a partir de una inversión total estimada superior a los 156 millones de euros. Este programa está financiado por el Plan Vive En Andalucía en Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

El programa tiene dos líneas de subvenciones, la primera de las cuales se destina al fomento de viviendas protegidas en alquiler para personas mayores y personas con discapacidad. La segunda línea se enfoca al fomento de viviendas protegidas en alquiler y otras soluciones residenciales de alojamientos temporales, modelo cohousing o viviendas intergeneracionales.

En el caso de la primera línea las promociones de alojamientos o viviendas tendrán que contar con instalaciones, servicios y zonas de interrelación. Tendrán que ser suficientes para proporcionar como mínimo, prestaciones como servicios sociales, atención médica básica disponible las 24 horas, servicio de limpieza y mantenimiento, dispositivos y sistemas de seguridad, restauración, actividades sociales, deportivas, de ocio y culturales, así como terapias preventivas y de rehabilitación.

La segunda línea incluirá espacios comunitarios para la convivencia de las personas destinatarias. Las viviendas resultantes de estas actuaciones serán calificadas como viviendas protegidas del Plan Vive en Andalucía y la adscripción obliga a mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde su calificación definitiva.

Las viviendas pueden ser tanto de nueva construcción como procedentes de rehabilitación de edificios, con un máximo de 90 metros cuadrados útiles, salvo en viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. La Junta de Andalucía argumenta que deben ser viables urbanística y económicamente, además de contar con calificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable.