La fiscalía investiga la supuesta malversación de 7,4 millones por CCOO y UGT denunciada por la Junta

También para indagar en el destino del dinero público y analizar las posible conductas delictivas, la Guardia Civil ha solicitado documentación a la Administración y a otros implicados, según ha adelantado el diario ABC.

Al respecto la consejera de Empleo, Rocío Blanco, se pronunció este lunes en Córdoba, donde explicó que, tras la formación a primeros de año del nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs, en Empleo se encontraron «con un informe en noviembre de 2018 del Servicio Jurídico en el que ponía de manifiesto estos hechos».

Ante ello, Empleo pidió «otro informe al Gabinete Jurídico en abril de este ejercicio», que se les entregó «en mayo» pasado, poniendo de «manifiesto que hay una prescripción de la posibilidad de reclamar estos fondos, tanto por vía administrativa como por vía civil, y solo queda la vía penal», y ahora Empleo ha cumplido con su «obligación, como gestores públicos, de poner en comunicación de la Fiscalía los hechos», de modo que hay que estar a «lo que la Fiscalía determine», en cuanto a si hay «indicios de delito» o no, señaló la consejera.

En concreto y según ha avanzó el citado diario, los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía deben a la Hacienda Pública hasta 7,4 millones de euros correspondientes a los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas en las mencionadas residencias entre los años 2003 y 2006. Los sindicatos, a los que la Junta había cedido la gestión de las residencias, supuestamente nunca ingresaron los fondos públicos como debían.

Como consecuencia de ello, en julio de 2015 Empleo abrió un procedimiento administrativo para reclamar 4,02 millones a CCOO y 3,37 millones a UGT. Los sindicatos recurrieron la resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en dos sentencias dictadas en marzo y abril de 2017 por las secciones Tercera y Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estimó los recursos de CCOO y UGT, al entender que el derecho para exigir el cobro había prescrito.

Tras ello, el Gabinete Jurídico envió a la Dirección General de Relaciones Laborales dos oficios en abril y mayo de 2017, para advertirle de la procedencia de exigir responsabilidades contables y, en su caso, penales, conforme indicó el letrado de la Asesoría Jurídica de esa Consejería en un informe emitido en 2015.

El último informe jurídico, del 21 de mayo de 2019, al que hizo referencia Rocío Blanco, constató que «la posible responsabilidad contable de las organizaciones sindicales se encuentra prescrita», y también «la responsabilidad contable de aquellos gestores que dejaron prescribir la deuda», con lo que solo queda la denuncia penal, y por eso ahora Empleo ha trasladado todos los documentos al respecto a la Fiscalía.