La familia de Utrera Molina demanda a Teresa Rodríguez por un tuit y le reclama 10.000 euros

A todos ellos, los ocho hijos de Utrera Molina, suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón, les reclama una indemnización de 10.000 euros y que borren los tuits al considerarlos una intromisión ilegítima del derecho al honor y la imagen del político franquista nacido en Málaga. «Obviamente las publicaciones de estos tuits y, más aún, con la difusión que tienen a día de hoy las redes sociales, han perjudicado y perjudican gravemente la imagen, el honor y el buen nombre del padre de los demandantes», argumentan los hijos en el escrito de demanda. Teresa Rodríguez ha respondido que sería un «nefasto precedente» que fuera condenada por ejercer su libertad de expresión política siendo como es una representante en el Parlamento andaluz. «Mi principal preocupación es que se traslade un mensaje a la sociedad de que hay que tener miedo de criticar al régimen franquista y condenarlo», sostiene la dirigente de Podemos, quien en su escrito de defensa se reafirma en que Utrera Molina fue responsable político del «asesinato» de un luchador contra la dictadura de Franco y que firmó la negativa al indulto.

Puig Antich fue ejecutado a garrote vil a la edad de 23 años después de que un consejo de guerra le condenara a muerte por el homicidio del policía Francisco Anguas, de 24 años. Este murió en un tiroteo en la detención en Barcelona de Puig Antich, que también resultó herido y que iba armado. La investigación le atribuyó los disparos que mataron al policía. Su activismo contra la dictadura en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) incluyó atracos a bancos. Su ejecución en las postrimerías del franquismo tuvo un gran eco internacional. La transición lo consideró un héroe de la lucha contra la dictadura de Franco y su historia fue tema de canciones, películas y obras de teatro. En marzo de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona inauguró una plaza con su nombre en la ciudad.

En la demanda de la familia Utrera Molina, presentada en un juzgado de primera instancia de Madrid y a la que ha tenido acceso este periódico, se dice que es «público y notorio» que Utrera Molina «mantuvo hasta el final sus convicciones políticas falangistas y su lealtad al régimen político en el que sirvió a España desde distintos puestos de gobierno». En su entierro en Nerja el pasado año hubo cánticos del 'Cara al Sol', por los que hubo una investigación en aplicación de la ley de Memoria Histórica. Los hijos aluden a que Utrera Molina recibió en vida numerosas críticas por su posición política, si bien entienden que entraban dentro del derecho a la libertad de expresión. Algo que no estiman que ocurre con los tuits de Teresa Rodríguez y los otros dos demandados al considerar que propagan en la red social en la que cuentan con miles de seguidores «falsas acusaciones», «distorsión de la realidad» e «insidias difamantes» del ministro franquista. Consideran que es «absolutamente falso» que Utrera Molina hubiera condenado a muerte a Puig Antich o participado de su «asesinato basándose para ello en el único hecho» de ser «miembro del Consejo de Ministros del reino de España al tiempo que se produjera el procesamiento, sentencia judicial y ejecución de la pena de muerte de Salvador Puig Antich».

El escrito argumenta que Utrera Molina «carecía de competencias, tanto para enjuiciar delito alguno como para ordenar o impedir la ejecución de la pena impuesta por los tribunales de justicia del momento». Prosigue, tras relatar los hechos, que la condena del tribunal militar que juzgó a Salvador Puig Antich, era obligado, según la ley del momento, que pasara por el Consejo de Ministros para darse por «enterado». Un trámite, aduce la demanda, que no se trataba de un acto administrativo «discrecional», sino «de un acto reglado u obligado», por lo que el Consejo de Ministros no podía «denegar el 'enterado'». Solo el jefe del Estado, Francisco Franco, según la ley entonces, podía conmutar la pena, añade. «El señor Utrera Molina, ni era juez, ni formaba parte del Tribunal que enjuició y condenó a muerte a Salvador Puig Antich, ni tampoco del Consejo Supremo de Justicia Militar que confirmó la sentencia, ni era jefe del Estado, por lo que tampoco tenía la prerrogativa de gracia o indulto».

Algo que la defensa de Teresa Rodríguez rebate en otro escrito, al que también ha tenido acceso este periódico. En este se dice que la intención de la diputada andaluza de Podemos en su tuit es realizar «una crítica política». «En contra de lo que de manera falaz reitera la demanda, en ningún caso se dice que el padre de los demandantes firmara la condena a muerte, que ordenara su ejecución ni que lo asesinara él mismo». «Tampoco -añade- se incluye ningún insulto contra la persona de don José Utrera Molina». «Lo que se le atribuye -prosigue la defensa- es una responsabilidad política en dicha ejecución, producto de su participación destacada como ministro-secretario general del Movimiento, en el Gobierno, y en el régimen dictatorial del general Franco». Argumenta que en su calidad de miembro del Consejo de Ministros que vio la sentencia, Utrera Molina «no mostró su oposición a la citada condena a muerte, siendo corresponsable políticamente, por tanto, de dicha decisión». Añade que todos los decretos con indultos de aquellos años publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «señalan que la decisión se ha adoptado de común acuerdo entre el jefe del Estado y los miembros del Gobierno. Aparecen con la firma del presidente del Gobierno».

Pero además en el caso de Puig Antich, la negativa a conceder la gracia, que se presentaba bajo la forma de «enterado de la sentencia», la «firmó el propio José Utrera Molina, tal como ha reconocido personalmente en diversas entrevistas públicas». «Por tanto, además de su participación directa como alto dirigente de la dictadura fascista, el padre de los demandantes negó personalmente la Gracia a Salvador Puig Antich, ratificando su condena a muerte». «El 'enterado' era la denegación del indulto y, por tanto, suponía la ejecución de la pena de muerte. De ese modo, además de responsable político del funcionamiento del régimen, fue directamente responsable de esa muerte concreta», apostilla el escrito de la defensa de Teresa Rodríguez, asesorada en este asunto por el profesor sevillano de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías.

Para la defensa de Rodríguez, es «público y notorio» que Utrera Molina tuvo responsabilidad en la ejecución de Salvador Puig Antich, recordando que fue investigado por ello por la justicia internacional, en alusión a la causa abierta por la jueza argentina María Servine contra los crímenes del franquismo.