El exsecretario de UGT-A asegura que tenía el OK de la Junta por el gasto de las subvenciones autonómicas

A la hora de comparecer ante la Sección Tercera de la Audiencia, Fernández Sevilla sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal, no así al fiscal, el resto de acusaciones y los demás abogados en representación de los restantes acusados, que son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En este marco, el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla ha respondido a su abogada defensora sobre el supuesto «bote» de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato.

Ello, después de que el extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama ahora sometida a este juicio, testificase en el juicio que el sindicato orquestó un sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba este «bote» o «fondo de reptiles» con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

Al respecto, Fernández Sevilla ha manifestado que supo del término de «bote» cuando, fruto de las publicaciones derivadas de la actuación de Macias, tuvo que «dar la cara» ante los medios de comunicación, avisando de que en los mismos circuló mucha «información sesgada» fruto de la documentación que Macías «sacó» de UGT y difundió en función de sus «intereses» personales, al no haber «entendido» su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por el sindicato a cuenta de su situación.

Así, ha avisado de que como consecuencia de tales filtraciones habría sido orquestada una «película» contra UGT-A, asegurando que en la contabilidad de UGT-A «no había nada raro» y que el citado fondo o «saldo» como lo han definido algunos de los extrabajadores de UGT-A que han testificado en la vista era un mecanismo de «funcionamiento interno» para el «día a día» de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos.

De este modo, Fernández Sevilla ha defendido que el sindicato contaba con una única contabilidad, esgrimiendo que la misma fue entregada en una notaría como gesto de «transparencia» ante las publicaciones en la prensa que afrontaba UGT-A.

Es mas, ha considerado que «la propia Administración» andaluza, entonces gobernada por el PSOE, «tendría algo que decir» sobre el asunto porque había dado su «OK» a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, rememorando que la Administración andaluza reclamó al sindicato «una nueva justificación» ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías, cuando según ha remarcado UGT-A había obtenido incluso la «felicitación» del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.

Al reclamar de nuevo la justificación de estas ayudas, según Fernández Sevilla, la Junta maniobraba «contra sus propios actos» administrativos previos, según ha destacado.

En cualquier caso, ha asegurado que él no dio ninguna «instrucción» a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas, porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una «responsabilidad» sobre su área concreta de gestión.

Fernández Sevilla también ha defendido los descuentos o «rápel» que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio.

El exsecretario general de UGT-A ha expuesto que tales descuentos fueron negociados por el sindicato con sus proveedores y «se hacen en cualquier empresa» cuando se alcanza cierto «volumen» de compras, precisando eso sí que aunque él firmó varios de esos acuerdos con las empresas proveedoras, no fue quien negoció los mismos ni se reunió con los empresarios, pues tales aspectos no entraban en sus «funciones».

También ha defendido la creación de la empresa Soralpe, que según los investigadores sería una sociedad instrumental de UGT Andalucía para los fines indagados en el caso. Según Fernández Sevilla, esta entidad fue creada para «ayudar» al sindicato a determinadas tareas de «gestión» ante el «volumen de negocio» que afrontaba el mismo por la cantidad de programas subvencionados que tenía en marcha y la ausencia de «músculo» de la Junta de Andalucía a la hora de solucionar determinados trámites.

En ese marco, ha atribuido al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, otrora inculpado en la causa, la decisión de que el sindicato cediese a Soralpe sus instalaciones y dicha entidad las alquilase al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT, entidad encargada de impartir para UGT-A cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. «En esos tiempos era lo normal y se hizo con transparencia», ha insistido, esgrimiendo que Soralpe «no tuvo ningún problema con Hacienda».

Fernández Sevilla también ha manifestado que él cobraba «en metálico» los anticipos ligados a su cargo como miembro de la comisión ejecutiva de UGT-A para sufragar los gastos de «dietas y desplazamientos» propios de la actividad sindical, asegurando que siempre cobró esas cantidades de manos del personal del área de Contabilidad y nunca de manos de Soralpe, que según los investigadores de la Guardia Civil habría abonado «anticipos y pagos mensuales» a diversos cargos de UGT-A e incluso un viaje a Costa Rica de Manuel Pastrana.

Fernández Sevilla ha reconocido además que dichos anticipos contaban con una cuantía fija, explicando que si los gastos justificados por dietas o desplazamientos superaban dicha cantidad o no llegaban a la misma era algo que se iba compensando mes a mes.

De este modo, ha defendido que en la gestión del sindicato «no había nada» ilegal, asegurando que todo lo que él firmaba como responsable del sindicato lo hacía «confiando» en el personal técnico de UGT-A, que según ha dicho contaba con trabajadores especializados para diferentes tareas.

El sindicato, según ha asegurado, tan sólo incurrió a la hora de gestionar las ayudas autonómicas para cursos de formación en algunos «desajustes» a la hora de conseguir que la Junta de Andalucía «validase el cien por ciento» de las justificaciones del dinero público gastado, algo que ha considerado «normal» en función del volumen de dinero manejado por UGT-A en aquellos años.