La estrategia de siniestralidad de la Junta reduce un 13% los accidentes en seis años

La planificación, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha mejorado la convergencia de los datos andaluces con la media nacional en esta materia, de tal forma que en 2017 el índice de incidencia era un 13,89% superior al registrado a nivel estatal, porcentaje que se ha reducido en 2023 al 8,45%.

Esta mejoría se ha producido sobre todo en los accidentes de trabajo leves y grave. Sin embargo, en el caso de los mortales se han producido picos importantes de subida después de la pandemia Covid, en 2021 con 155 fallecimientos, 34 de ellos in itinere, es decir, en desplazamientos hacia el trabajo. En 2022 fueron 151 accidentes mortales con 30 in itinere, lo que llevó a la Consejería de Empleo a aprobar un Plan de Choque que está actualmente en marcha. Las cifras de accidentes mortales fueron bastante más reducidas en 2023, con 116 (22 de ellos in itinere), un índice de incidencia mortal levemente inferior.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, afirmó que «se está produciendo una moderación de la siniestralidad laboral en términos generales, aunque hay aspectos que siguen precisando de una mejora mediante acciones concretas».

Rocío Blanco priorizó la lucha contra los siniestros mortales, en los que se constata una importante presencia de la accidentabilidad de tráfico, la debida a caídas desde altura y la asociada a patologías no traumáticas, como ictus o infartos.

Reducir la mortalidad sigue, por tanto, siendo una asignatura pendiente y la consejera avanzó que se trabaja ya en el desarrollo de una nueva estrategia con el horizonte puesto en 2028. La aplicación de esta última actuación estratégica ha supuesto el impulso de acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral, que ha acaparado el 67% de su presupuesto.

En el marco de esta estrategia se realizaron 34.768 visitas de comprobación y asesoramiento a 16.428 empresas, junto al desarrollo de 68 campañas y programas de asesoramiento, divulgación o sensibilización en materia de seguridad y salud laboral.

La formación tuvo también un peso importante con 783 cursos en prevención de riesgos laborales impartidos con 23.312 participantes, junto a otras actuaciones de información y sensibilización desarrolladas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, con 1.641 jornadas y casi 70.000 participantes.

Además, las líneas de incentivos para que pymes y autónomos mejoren su seguridad laboral mediante inversiones permitieron la concesión de 1.587 ayudas por un importe de 16,3 millones, junto a otras 90 ayudas a pymes con una dotación de 581.919 euros.

Asimismo, se realizaron más de un centenar de estudios en materia de prevención de riesgos laborales junto a la publicación de 95 guías y recursos de consulta.