Doñana: del «ni vencedores ni vencidos» al «hemos ganado»

Las trincheras cavadas en un campo de batalla dialéctico, con acusaciones cruzadas muchas veces subidas de tono, han dado paso a la conformación de una mesa técnica en la que se buscarán alternativas para el Condado de Huelva que no pasen por seguir sobreexplotando unos recursos hídricos cuya dramática caída libre ya pone en peligro la mayor reserva de biodiversidad de Europa.

Desde el Gobierno andaluz se advierte de que todo depende ahora de que las fórmulas que se pongan sobre la mesa seduzcan a los agricultores de la zona. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha avisado que la solución pasa por «prestar mucha atención» a las familias afectadas por el Plan de la Corona Norte, aprobado en 2014 y cuyas fincas no fueron consideradas como regadíos y quedaron sin derecho a riego. Según Moreno, hay que «escucharles y darles una respuesta».

Mientras se arbitran estas soluciones, para las que el Gobierno de España ha reservado una partida de 350 millones de euros, el cruce de descalificaciones que deterioró las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno ha dado lugar a una contienda de relatos donde ambas partes se atribuyen la iniciativa del acuerdo y el triunfo de sus posiciones.

El día después del abrazo entre Moreno y la vicepresidenta Teresa Ribera ha dado para interpretaciones para todos los gustos. En el PSOE de Andalucía atribuyen gran parte del mérito a los buenos oficios de su secretario general, Juan Espadas, los grupos de la izquierda interpretan la congelación en la tramitación de la ley como la primera gran derrota de Juanma Moreno atribuible a una movilización popular en defensa de los valores medioambientales de Doñana, y en el PP aplauden la firmeza de su presidente, capaz de torcer el brazo al Gobierno y sentarlo a negociar.

Desde que el pasado febrero el PP presentara en el Parlamento de Andalucía un proyecto de ley de recalificación de suelos que en la práctica suponía ampliar regadíos, la Junta y el Gobierno entraron en un bucle que alejó toda perspectiva de salida negociada. El Gobierno, con Teresa Ribera como ariete, se negaba a sentarse mientras la propuesta legislativa no fuera retirada. La Junta argumentaba que sólo la retiraría si desde Madrid llegaba una propuesta que convenciera a los agricultores. La solución que abrió la puerta al diálogo, no incluir de momento la aprobación final de la ley en el orden del día del Parlamento, se presta a dos interpretaciones posibles.

Desde la Junta aseguran que quien ha cambiado de actitud ha sido la vicepresidenta, que después de siete meses cerrada al diálogo llamó personalmente al presidente andaluz para buscar una solución. Consideran que cuando desde el Gobierno se advirtió que la aprobación de la ley iba en serio, se decidieron a negociar. En el Ministerio de Transición Ecológica entienden que fue Moreno quien cambió de opinión al aceptar congelar la tramitación tras sacudirse la presión a la que estaba sometido por Vox.

En todo caso, fue el primer aplazamiento de la aprobación de la ley sin una explicación convincente el primer gesto que permitió advertir dos semanas atrás que por debajo de las acusaciones cruzadas se había abierto una ventana de diálogo.

El texto, presentado conjuntamente el pasado febrero por los grupos parlamentarios andaluces del PP y Vox, dictaminaba la regularización de suelo que en 2014, cuando se ordenó el terreno, quedó fuera de las áreas consideradas de regadío y por lo tanto sin derecho a agua. De aprobarse, esta reordenación hubiese dado lugar a la recalificación como regadío de unas 700 hectáreas.

Tras aplazar su aprobación hace dos semanas, justo en el momento que se señala como el de inicio de las conversaciones, el compromiso de Moreno ha sido mantenerla congelada al menos cuatro semanas más, el tiempo que se ha dado para que una mesa técnica presente soluciones que convenzan a los regantes con el respaldo de los 350 millones de euros

Moreno advirtió este miércoles que la tramitación «sigue adelante» y «solo ha sido pospuesta», por lo que si no se llega a un acuerdo se aprobaría a finales de octubre».

De momento, del consenso general sólo se ha desmarcado Vox. Esta formación considera que se trata de una equivocación del presidente de la Junta, que según el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, «ha dado aire a una ministra que quiere cargarse el campo y nuestra soberanía alimentaria». El portavoz aseguró que Moreno nunca quiso en realidad aprobar la ley, ya que fue retrasando su tramitación cada vez que tuvo oportunidad.

Pese a esta posición fuertemente crítica con el acuerdo, Vox dejó pasar la oportunidad este miércoles de oficializar en el Parlamento su oposición al aplazamiento de la tramitación de la ley, ya que ni propuso en la Mesa de la Cámara que el punto fuera incluido en el orden del día del próximo pleno ni votó en contra del mismo en la Junta de Portavoces. Fuentes de este partido aseguran que en este proceso se alinearán con los agricultores, quienes de momento han reaccionado con prudencia y desconfianza ante la nueva situación.